El 20 de junio de 2025, Miriam Elaine Navarro fue removida de su puesto como presidenta del Tribunal Provincial de Guantánamo, cargo que desempeñó desde 2013. La destitución, aunque esperada por las numerosas denuncias en su contra, ha generado fuertes reacciones entre la población, pues se espera que, como casi siempre sucede, aparezca en otro puesto del gobierno local.
De acuerdo con el perfil de Facebook La Tijera, el mandato de Navarro estuvo caracterizado por la desidia, favoritismo y una gestión que hundió al sistema judicial guantanamero.
Entre los señalamientos más graves se encuentra su relación con Amalio Alfaro Matos, un exjuez acusado de represión en las protestas del 11 de julio, quien recibió un trato preferencial, incluyendo la asignación de una vivienda y la continuidad en su cargo a pesar de tener pasaporte y parole humanitario hacia Estados Unidos.
Navarro también fue criticada por su estilo de vida lujoso mientras el sistema judicial se hundía. Recibía remesas, electrodomésticos y hasta una motocicleta desde EEUU, mientras los tribunales enfrentaban colapsos en su infraestructura, sin recursos ni personal capacitado. La sede judicial, además, permaneció en condiciones deplorables durante su gestión, con un edificio inconcluso desde hace más de 11 años.
A pesar de la destitución, las autoridades cubanas no han penalizado la gestión de Navarro. Se espera que la Gobernadora de Guantánamo, Alis Azahares Torreblanca, le ofrezca una nueva posición como Coordinadora de Objetivos y Programas del Gobierno Provincial, lo que demuestra cómo la ineficiencia y la corrupción siguen premiándose dentro del sistema cubano.
La población ha expresado su frustración a través de las redes sociales, donde se han multiplicado los comentarios sobre la falta de justicia y la protección a los corruptos dentro del régimen. “Mientras más alto el cargo, más corrupción”, comentó un usuario en las plataformas.
La crítica generalizada resalta la falta de consecuencias reales para los funcionarios corruptos, quienes, en lugar de ser castigados, continúan ocupando cargos públicos de relevancia. Muchos señalaron el dicho cubano de “se cayó para arriba”.
Trabajadores del sistema judicial cubano son señalados como represores
Diversos jueces y fiscales cubanos han sido identificados por organizaciones de derechos humanos como responsables de condenas a manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) y otras protestas similares. Estas autoridades judiciales han sido incluidas en la lista de “Represores Cubanos” elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), la cual documenta casos de abusos legales contra opositores al régimen.
La fiscal Vivian Pérez Pérez, por ejemplo, fue señalada por su participación en la elaboración de expedientes de fase preparatoria contra manifestantes en San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, donde solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión. Asimismo, la fiscal Dagmaris Jaca Seco, de Artemisa, pidió condenas de entre 6 y 15 años para los detenidos en San Antonio de los Baños, epicentro de las protestas del 11J.
Otros fiscales identificados incluyen a Liliam Fernández Berro, quien firmó la petición de cárcel para el joven de 17 años Brandon David Becerra, y a Mabel Palacios Aties, que solicitó condenas de entre 15 y 27 años para 22 manifestantes acusados de “sedición”.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la jueza Melody González Pedraza, conocida por su participación en sentencias injustas contra disidentes políticos en Cuba. Al emigrar a EEUU y pedir asilo, recibió una orden de deportación el pasado 21 de mayo de 2025.
Esta decisión, tomada tras casi un año de procedimiento judicial y su solicitud de asilo político, marca un precedente en la lucha contra la impunidad de funcionarios cubanos. González, quien presidió el Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara, fue acusada de validar condenas sin pruebas contra jóvenes tras las protestas del 11J.
