El dictador Miguel Díaz-Canel y quien dijo públicamente ser amigo personal de Alejandro Gil Fernández, acudió como testigo acusatorio al segundo juicio que se realiza contra el exministro de Economía por cargos de corrupción, malversación, lavado de activos y tráfico de influencias.
Según declaraciones María Victoria Gil, hermana del acusado, este segundo proceso judicial (el primero fue por espionaje hace dos semanas) se ha desarrollado durante cuatro días en total silencio, aunque a diferencia del anterior su sobrina sí pudo entrar.
En conversación con el periodista Mario J. Pentón se señaló que el juicio comenzó el 26 de noviembre y se esperaba que quedara concluso para sentencia al cierre de la tarde del sábado.
Díaz-Canel fue tutor de la tesis de economía de Alejandro Gil, lo promovió en su carrera política, lo felicitó públicamente tras su destitución el 2 de febrero de 2024 y también el día de su cumpleaños, el 6 de febrero. La relación entre ambos, describe, era tan estrecha que en la familia se les veía como “hermanos”.
María Victoria considera que la presencia de Díaz-Canel en el juicio solo puede entenderse como un intento de “limpiar su imagen” ante el desgaste político interno y las críticas internacionales.
Calificó su actuación como una “traición” no solo política, sino también personal. Asegura que mientras se centra la responsabilidad en su hermano, otros altos cargos que en un inicio aparecían vinculados al caso habría “ido desapareciendo” del expediente, quedando solo “cabos sueltos” de menor rango.
A diferencia del primer proceso por presunto delito de espionaje —en el que la Fiscalía pidió cadena perpetua—, esta vez la televisión estatal ni siquiera informó del inicio de las vistas orales. La población cubana, señaló, no ha recibido una sola nota en el Noticiero Nacional sobre uno de los casos de corrupción más graves de la última década.
María Victoria, quien también es abogada, denunció que la opacidad del proceso vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se juzga a un exministro clave del gabinete, responsable de la economía y la planificación del país.
Recordó que en España, donde reside, incluso el Fiscal General del Estado fue inhabilitado y todo el procedimiento se tramitó con publicidad. En Cuba, en cambio, el juicio contra Gil transcurre “en un secretismo absoluto” mientras la prensa oficial guarda silencio.
Vicky aseguró que a sus sobrinos, hijos de Alejandro Gil, se les permitió entrar al tribunal solo después de firmar un documento de “confidencialidad y secretividad absoluta”. Ese compromiso les impide hablar del juicio, según relató.
La hija del exministro habría pedido a su tía que no diera entrevistas porque, según les han transmitido, la exposición mediática podría perjudicar aún más la situación procesal de su padre. “Hay presión sobre la familia”, resumió la abogada, que aun así decidió romper el silencio.
La hermana del Gil Fernández afirmó que está dispuesta a llevar el caso ante instancias internacionales. Dijo que informará a la Corte Internacional de Justicia y que no se quedará “de brazos cruzados”. También cuestionó al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, a quien recordó por sus declaraciones sobre el supuesto derecho de los cubanos a manifestarse.
La abogada admite que Alejandro Gil cometió delitos de índole económica y sostiene que “ningún ministro se sale limpio” de un sistema que describe como intrínsecamente corrupto. Sin embargo, insiste en que está siendo utilizado como “chivo expiatorio” para salvar la imagen del liderazgo político. “Como todos son corruptos, ¿cómo juzgan solo a uno por corrupción?”, cuestionó.
Otro de los elementos controvertidos del proceso es la posible confiscación de la vivienda de Gil en Miramar, una casa amplia de dos pisos que comparte con otro dirigente. Según relató María Victoria, la propiedad fue entregada al exministro mediante una permuta estatal, después de que ella misma donara a su sobrina la antigua casa familiar heredada de sus padres, adquirida antes de 1959. Esa vivienda, afirma, no es fruto de actividades ilícitas, sino de una operación aprobada por el propio aparato del Estado.
La abogada cuestionó que se intente presentar la confiscación de la casa como parte de las sanciones por corrupción, cuando, a su juicio, no se trata de un bien obtenido por delitos económicos.
Señaló que, en la práctica, el régimen utiliza los bienes de los acusados como mecanismo de castigo ejemplarizante, incluso cuando la propiedad tiene origen legal. “En las dictaduras no hay derechos”, lamentó, aunque reconoció que su hermano sirvió durante años a ese mismo sistema.
En su testimonio, María Victoria también denunció el abandono social que ha sufrido la familia de Gil. Mencionó a figuras oficialistas, como el presentador Humberto López y el músico Israel Rojas, que en su momento frecuentaban al exministro y asistían a fiestas en su casa. Según ella, ninguno de esos antiguos aliados se ha acercado a la familia desde que comenzó el proceso judicial ni ha preguntado por su situación.
Ninguno sirve, todos son iguales y Maria Victoria también vivió el sistema y gozó de sus beneficios. Eso demuestra más una vez que cuando no les sirves te desechan