El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la propuesta de liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), cargo que ocupó de manera ininterrumpida durante 27 años.
Junto a esta decisión, el mandatario propuso al actual ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, para asumir la presidencia del máximo órgano judicial del país, así como a Rosabel Gamón Verde, viceministra primera, para dirigir el Ministerio de Justicia. Las propuestas serán sometidas a votación por los diputados al mediodía, según dio a conocer a través de sus redes sociales el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.
La prolongada permanencia de Rubén Remigio Ferro al frente del Tribunal Supremo Popular ha sido una de las expresiones más claras de la falta de independencia judicial en Cuba. Desde su nombramiento en la década de 1990, Remigio Ferro encabezó un sistema judicial subordinado al poder político y al Partido Comunista, tal como reconoce el propio ordenamiento institucional del país.
En la práctica, el Tribunal Supremo no ha funcionado como un ente autónomo, sino como una pieza clave en la legitimación legal de las decisiones del régimen.
Para buena parte de la ciudadanía y para organizaciones defensoras de derechos humanos, el nombre de Rubén Remigio Ferro está asociado a la represión judicial. Durante su gestión, los tribunales cubanos avalaron procesos penales contra opositores, activistas, artistas y periodistas independientes, muchos de ellos marcados por irregularidades, juicios sin garantías y sentencias desproporcionadas.
El episodio más visible ocurrió tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando cientos de manifestantes fueron condenados a largas penas de prisión. El sistema judicial que Remigio Ferro presidía fue clave en la validación de esos procesos.
En declaraciones públicas y entrevistas a medios oficiales, Rubén Remigio Ferro negó de manera reiterada la existencia de presos políticos en Cuba y defendió la actuación de los tribunales como “ajustada a derecho”. Estas posiciones lo consolidaron como un funcionario alineado con el discurso del poder, más preocupado por justificar la política represiva del Estado que por garantizar justicia e imparcialidad.
El relevo propuesto por Miguel Díaz-Canel no apunta a una transformación profunda del sistema. Oscar Manuel Silvera Martínez, actual ministro de Justicia y candidato a presidir el Tribunal Supremo Popular, ha sido uno de los principales defensores del marco legal vigente y del papel del derecho como instrumento de control político. Su eventual nombramiento refuerza la práctica de rotación interna de cuadros sin alterar la esencia autoritaria del modelo judicial.
De igual manera, la propuesta de Rosabel Gamón Verde para encabezar el Ministerio de Justicia responde a una lógica de continuidad administrativa. No se han anunciado reformas que fortalezcan la independencia de los tribunales, el derecho a la defensa o el respeto a las libertades fundamentales.
La salida de Rubén Remigio Ferro, tras casi tres décadas en el cargo, no implica rendición de cuentas ni reconocimiento de los abusos cometidos bajo su mandato. Se trata, más bien, de un ajuste interno decidido desde el poder ejecutivo y ratificado por un Parlamento sin capacidad real de oposición.
Mientras el sistema judicial continúe subordinado al poder político, los cambios de nombres seguirán siendo meramente cosméticos y el acceso a una justicia verdadera continuará siendo una deuda pendiente con el pueblo cubano.
Uffff! Qué pecado habrá cometido Remigio?