En un nuevo intento de ajustar el modelo económico fallido y en medio de una grave crisis, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció un cambio en la canasta básica que se reparte por las bodegas cubanas. Debido a la escasez crónica de combustible y la bancarrota del Estado, no se repartirá comida importada.
La propuesta se basa en la idea de que los municipios deben generar sus propios sistemas productivos y, en consecuencia, depender exclusivamente de lo que se produce en sus respectivas localidades. Esto incluye una reconfiguración de la canasta básica, que históricamente ha dependido de decisiones centralizadas desde La Habana.
Muchos se preguntan qué comida habrá en municipios totalmente urbanos como los de las grandes cabeceras provinciales en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín.
El economista Mauricio de Miranda, por ejemplo, criticó la propuesta argumentando que lo que Díaz-Canel llama “autonomía municipal” podría ser un paso hacia el feudalismo, al disociar aún más las provincias y municipios de una política económica nacional coherente.
De Miranda considera que este enfoque es un intento de delegar responsabilidades sin asumir la necesidad de un plan estructural para resolver la crisis generalizada que atraviesa Cuba.
“La idea de que los municipios deben comer lo que producen es una utopía que no resuelve los problemas de fondo, como la falta de recursos y la creciente pobreza. En lugar de promover la descentralización productiva de forma efectiva, el gobierno cubano está implementando medidas que podrían hacer más difícil la vida diaria de los cubanos”, aseguró.
El dictador comunista también propuso cambiar el “igualitarismo actual”, donde según él todos reciben la misma cantidad de arroz subsidiado. En su opinión, el sistema debe ajustarse. No es posible que un trabajador del gobierno con un mísero salario reciba lo mismo por la bodega que un dueño de una Mipyme importadora.
Sin embargo, para muchos analistas, esta lógica es incompatible con la realidad del mercado cubano, donde la producción local es insuficiente y la escasez de bienes básicos es un problema creciente.
Para algunos críticos, la propuesta parece una excusa para justificar la ineficacia del gobierno en la gestión de los recursos nacionales. Si bien la descentralización podría ser positiva en otras circunstancias, en el contexto cubano, donde los recursos son escasos y el control estatal sobre la economía sigue siendo total, esta medida solo exacerbaría las desigualdades.
El modelo socialista ha mostrado su ineficacia durante décadas, y las promesas de “autonomía” y “descentralización” parecen poco realistas cuando las políticas del gobierno siguen siendo restrictivas y centralistas.
La verdadera autonomía que se necesita para que los municipios puedan desarrollarse, argumentan algunos economistas, debe estar acompañada de una liberalización del mercado y un levantamiento de las restricciones que impiden que la agricultura y otras industrias cubanas florezcan.
Mauricio de Miranda también pone en duda el verdadero propósito de este plan: “No se puede hablar de autonomía cuando el sistema económico sigue siendo controlado por el Estado, y las empresas no tienen los recursos ni la libertad para generar sus propios ingresos”, afirmó.
La dictadura cubana ha demostrado su total incompetencia frente a la crisis que asola al país. A estas alturas, ¿alguien aún duda de que el gobierno carece de un plan efectivo para enfrentar la pobreza y el hambre?
No es una cuestión de falta de recursos, sino de un sistema que antepone los intereses de unos pocos, los mismos que defienden un régimen corrupto que perpetúa la miseria del pueblo cubano. Ellos no cambiarán, pero el pueblo sí tiene en sus manos despojarse del yugo del comunismo. Cuba cambia si nosotros cambiamos.
