La llegada de Oscar Silvera Martínez a la presidencia del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba representa una profundización del control político sobre este organismo por parte de la seguridad del Estado, según expertos consultados por el Diario de Cuba.
Según las fuentes entrevistadas por dicho medio independiente, una magistrada, dos juezas y una abogada, la designación promovida por el mandatario Miguel Díaz-Canel no tiene ni el mínimo interés de enfocarse a una renovación del sistema judicial.
Silvera Martínez asumió su nuevo cargo el pasado 23 de enero, sustituyendo a Rubén Remigio Ferro. El nombramiento es una continuación de su trayectoria judicial, que comenzó en el Tribunal Provincial de Granma, donde su padre fue presidente, y siguió en diversos cargos dentro del sistema judicial cubano, incluida la titularidad del Ministerio de Justicia.
En diciembre pasado, Díaz-Canel presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la propuesta de liberar de su cargo a Remigio Ferro y de reemplazarlo por Martínez Sánchez.
Al nuevo presidente del TSP se le acusa de haber colaborado activamente con el aparato de inteligencia y de haber desnaturalizado normas legales que limitaban las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Las fuentes consultadas también señalan su participación en la supervisión de causas penales de carácter político, incluso antes de que estas ingresaran oficialmente al sistema judicial.
Durante su tiempo como vicepresidente del TSP, Silvera Martínez promovió prácticas como la paralización de procesos judiciales clave y condicionó decisiones a la validación de órganos de inteligencia.
Las comunicaciones con los presidentes de tribunales provinciales y los jueces encargados de los casos se efectuaban mediante teléfonos especiales monitoreados por el Ministerio del Interior (Minint), sin dejar registro por escrito.
Los jueces y funcionarios que no cumplían con sus instrucciones eran sometidos a represalias, gestionadas a través de Rubén Remigio Ferro. Además, se destaca su estrecho vínculo con altos oficiales del Minint, incluido el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, lo que refuerza la percepción de que su designación responde a la lealtad al aparato de poder cubano.
Expertos como Edel González Jiménez, exjuez en Cuba, señalan que la falta de independencia en el sistema judicial cubano es un problema estructural. Según este exfuncionario, la promoción de magistrados y la designación de altos cargos judiciales dependen de intereses políticos y no de méritos profesionales.
En este contexto, la llegada de Silvera Martínez al frente del TSP es vista como una extensión de la subordinación de la justicia a los intereses del poder, lo que refuerza la percepción de que el sistema judicial cubano continuará siendo un instrumento de control bajo el régimen autoritario.
“El reemplazo de Rubén Remigio Ferro es una figura sumisa y alineada con el poder político cubano, con estrechos lazos con altos mandos y cuerpos uniformados”, dicen las fuentes, además de considerar la poca disposición del referido funcionario en defender a sus subordinados frente a presiones externas.
