Un memorando secreto utilizado por la administración de Donald Trump sostiene que el presidente de Estados Unidos posee una amplia autoridad constitucional para ordenar ataques militares contra embarcaciones consideradas objetivos vinculados con organizaciones terroristas, una interpretación que cobra especial relevancia tras la reanudación de operaciones letales en el Caribe.
El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel, OLC) del Departamento de Justicia, constituye una de las bases jurídicas utilizadas por Washington para respaldar la polémica campaña de ataques contra supuestos narcotraficantes. Fuentes familiarizadas con su contenido revelaron detalles a ABC News, que publicó la información este lunes 31 de agosto.
La revelación llega pocos días después de que el Comando Sur ejecutara un nuevo “ataque cinético letal” en aguas del Caribe, tras varios meses de menor actividad en esta campaña. El regreso de las operaciones coincide además con un aumento considerable de la actividad militar estadounidense en el hemisferio occidental.
La importancia del documento trasciende el combate contra el narcotráfico porque muestra hasta dónde está dispuesta a llevar la Casa Blanca su interpretación de las facultades militares del presidente.
¿Cuál es el objetivo militar de EEUU en el Caribe?
Uno de los elementos más controvertidos del memorando está en la manera en que clasifica los blancos de los ataques. Según las personas familiarizadas con el documento citadas por ABC News, las embarcaciones pueden ser consideradas en sí mismas instalaciones y objetivos militares legítimos. Bajo esa interpretación, el blanco principal no tiene que ser necesariamente una persona identificada a bordo, sino el propio barco.
Esta distinción tiene profundas consecuencias jurídicas y operativas. Al considerar la embarcación como objetivo militar, el marco permite anticipar que habrá víctimas durante su destrucción, pues la opción no letal no sería considerada viable dentro de determinados ataques.
El senador demócrata Tim Kaine, quien ha revisado el memorando y otros documentos relacionados con la campaña, aseguró además que los criterios utilizados no exigen necesariamente identificar de forma positiva a cada individuo que viaja en la embarcación ni localizar físicamente drogas a bordo antes de autorizar un ataque.
El gobierno estadounidense sostiene que los objetivos corresponden a organizaciones designadas como terroristas y a sus afiliados. Sus críticos alegan, en cambio, que semejante interpretación proporciona al Ejecutivo un margen extraordinariamente amplio para emplear fuerza letal sin los procedimientos utilizados tradicionalmente en operaciones antidrogas.
Trump reactivó los ataques tras meses de pausa
La discusión jurídica ha vuelto a primer plano porque Washington acaba de reanudar una campaña que llevaba varias semanas prácticamente detenida.
El pasado 25 de agosto, la Joint Task Force Western Hemisphere atacó una embarcación rápida que navegaba por una ruta utilizada para el narcotráfico en el Caribe. El comunicado oficial del Comando Sur aseguró que información de inteligencia había confirmado la participación activa de la nave en actividades relacionadas con drogas.
Cuatro personas murieron. SOUTHCOM las calificó de “narcoterroristas”, aunque la información divulgada públicamente por el mando militar no identificó a los fallecidos ni presentó las evidencias de inteligencia utilizadas para determinar su vinculación con el narcotráfico.
Dos días antes, otra operación había destruido una embarcación en el Pacífico oriental y provocado dos muertes. Ese ataque se produjo dentro de la nueva estructura militar estadounidense conocida como Joint Task Force Western Hemisphere.
La creación de esta fuerza ya había llamado especialmente la atención debido a sus capacidades. Más de 1.300 marines fueron incorporados a una fuerza táctica preparada para operar por aire, mar y tierra y para participar en acciones más amplias contra organizaciones consideradas amenazas para Estados Unidos.
El comandante del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, ha descrito el propósito de la nueva estructura en términos abiertamente ofensivos: llevar la lucha directamente hasta las redes que Washington identifica como enemigas y acelerar las operaciones contra ellas.
Más de 200 muertos desde el inicio de la campaña
La campaña comenzó en septiembre de 2025 y los ataques acumulados han provocado al menos 227 muertes, según el recuento publicado este lunes por ABC News a partir de las operaciones anunciadas por las autoridades estadounidenses.
Washington asegura que las víctimas eran integrantes de organizaciones narcoterroristas. Sin embargo, familiares de algunos fallecidos han rechazado esas acusaciones y existen procesos legales que cuestionan la identificación de determinados objetivos y la legalidad de los ataques.
El debate ha llegado incluso a los tribunales estadounidenses. En junio, un tribunal federal de Nueva York escuchó argumentos en una demanda destinada a conseguir que la administración haga pública la opinión de la OLC que sustenta jurídicamente estas operaciones.
La American Civil Liberties Union y otras organizaciones sostienen que el Gobierno no debería invocar públicamente un fundamento jurídico mientras mantiene secreto el documento que contiene ese razonamiento. Hasta ahora, la administración Trump no ha publicado íntegramente el memorando.
Pentágono no puede demostrar públicamente cuánto funcionan los ataques
Las dudas no se limitan a la legalidad. También existe una discusión dentro de Washington sobre la efectividad real de destruir embarcaciones para reducir la llegada de drogas a Estados Unidos.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Guerra confirmó oficialmente que Operation Southern Spear fue creada como una misión estadounidense destinada a interrumpir el flujo de narcóticos procedente de organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio occidental.
Sin embargo, según el análisis divulgado por ABC News, el Comando Sur comunicó a los organismos de supervisión que no disponía de una medida públicamente divulgable que demostrara hasta qué punto los ataques habían reducido la capacidad de los cárteles para transportar drogas.
El propio Donovan reconoció durante una audiencia en el Senado que los ataques cinéticos constituyen solo una de las herramientas disponibles y que probablemente no sean la más efectiva dentro de la estrategia antidrogas.
También existen señales de adaptación de las redes criminales. Fuentes de inteligencia citadas en la investigación señalaron que los traficantes han comenzado a modificar rutas, navegar más cerca de las costas y utilizar semisumergibles no tripulados para reducir su exposición en aguas internacionales.
¿Por qué este documento resulta relevante para Cuba?
El memorando no menciona públicamente a Cuba como posible objetivo ni existe evidencia disponible de que proporcione una autorización específica para atacar territorio cubano. Sería incorrecto interpretar esta revelación como una orden o un plan de intervención contra la Isla. Su relevancia aparece cuando se coloca junto al resto de los movimientos estadounidenses durante las últimas semanas.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó el 13 de agosto que una posible operación militar relacionada con Cuba permanece “sobre la mesa”. El funcionario no anunció un ataque ni aseguró que Trump hubiese tomado una decisión, pero dejó explícitamente abierta la opción militar.
Hegseth también advirtió a las autoridades cubanas que deberían prestar atención a la voluntad del presidente estadounidense de utilizar el poder de Washington en defensa de sus intereses en el hemisferio.
Casi simultáneamente, el Comando Sur ha mostrado públicamente unidades con capacidad para ejecutar operaciones rápidas en el Caribe. Una de esas demostraciones fue difundida bajo el mensaje “Letales. Integrados. Listos para atacar”, durante ejercicios realizados por marines estadounidenses en Panamá.
Ninguno de esos movimientos demuestra que exista una operación contra Cuba en preparación. Sí muestran, en cambio, un escenario regional muy diferente al de años anteriores: mayor despliegue militar, estructuras creadas específicamente para ejecutar acciones ofensivas y una administración que defiende una interpretación particularmente expansiva de la autoridad presidencial para utilizar la fuerza.
Un poder presidencial bajo fuerte discusión jurídica
La cuestión de fondo es hasta dónde puede llegar Trump sin una autorización específica del Congreso. La posición de la administración sostiene que el presidente dispone de atribuciones constitucionales suficientes para ordenar determinadas acciones militares cuando considere que responden al interés nacional y que los objetivos forman parte de organizaciones terroristas.
Los críticos rechazan esa interpretación y consideran que convertir embarcaciones civiles sospechosas de transportar drogas en objetivos militares puede eludir tanto las garantías propias de las operaciones policiales como los límites establecidos al uso de la fuerza.
La controversia probablemente aumentará mientras el memorando permanezca clasificado. El Congreso conoce solamente partes de su contenido, organizaciones civiles intentan obtenerlo mediante los tribunales y el gobierno de Trump continúa utilizando la fuerza contra objetivos en el Caribe y el Pacífico.
Para Cuba, la revelación no significa que Washington haya decidido atacar la Isla. Pero sí permite conocer mejor el marco jurídico que la administración está utilizando mientras expande sus capacidades militares en una región donde, al mismo tiempo, altos funcionarios estadounidenses han dejado públicamente abierta la posibilidad de acciones mucho más contundentes.
