Un nuevo grupo de tarifas migratorias comenzará a aplicarse en Estados Unidos este viernes 16 de octubre de 2026, y algunas alcanzan los 5.300 dólares. Los cambios afectan situaciones muy distintas, desde la concesión de parole hasta determinados casos de personas detenidas después de recibir una orden de deportación en ausencia.
Los montos fueron publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal como parte de la actualización por inflación correspondiente al año fiscal 2027. No deben confundirse con las tarifas de USCIS para asilo, permisos de trabajo y TPS anunciadas recientemente, aunque ambas reformas entran en vigor el mismo día.
El parole pasa a costar 1.050 dólares en los casos sujetos a la tarifa
Uno de los cambios más importantes es la actualización de la tarifa creada por la ley federal HR-1 para determinados extranjeros a quienes se les concede parole. El monto aplicado durante el año fiscal 2026 era de 1.020 dólares y aumentará 30 dólares, hasta 1.050.
El aviso publicado en el Registro Federal aclara un punto especialmente importante: lo que determina el pago no es la fecha en que se presentó la solicitud, sino el momento en que el parole es efectivamente concedido.
Por tanto, salvo que la persona encaje en una de las excepciones previstas legalmente, alguien cuyo trámite haya comenzado anteriormente también puede quedar sujeto a los 1.050 dólares si el parole se concede y se hace efectivo el 16 de octubre o después.
La norma contempla diez excepciones legales que deben ser evaluadas por DHS de manera individual. El simple hecho de solicitar una excepción no significa que el pago quede automáticamente eliminado.
La actualización llega en momentos de numerosos cambios en los procedimientos migratorios. En las últimas semanas también USCIS modificó las reglas de determinadas extensiones automáticas, mientras continúa aumentando el tiempo de algunos procesos de residencia.
Dos tarifas de 5.300 dólares comienzan a aplicarse el mismo día
Un segundo aviso federal afecta directamente a determinadas acciones de cumplimiento migratorio. DHS estableció en 5.300 dólares dos tarifas distintas creadas por HR-1 y ajustadas ahora para el año fiscal 2027.
La primera corresponde a personas que hayan recibido una orden de deportación in absentia, es decir, después de no presentarse a una audiencia migratoria, y que posteriormente sean arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Departamento de Seguridad Nacional precisa que esta tarifa no se aplica cuando la orden de deportación en ausencia haya sido rescindida conforme a la disposición correspondiente de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ley, además, no contempla una exención discrecional general para este cobro.
La segunda tarifa de 5.300 dólares afecta a determinadas personas consideradas inadmisibles que sean detenidas por DHS entre puertos oficiales de entrada. El aviso menciona expresamente los casos de personas encontradas dentro de Estados Unidos sin haber sido admitidas o puestas en parole, así como quienes ingresan por un lugar diferente a un punto autorizado.
No significa que cualquier inmigrante detenido deba pagar automáticamente 5.300 dólares. La situación jurídica concreta y la disposición legal aplicable son determinantes.
El 16 de octubre se convierte en una fecha clave para varios trámites
La coincidencia de distintas actualizaciones puede generar confusión. Desde el 16 de octubre entran en vigor tanto estas tarifas administradas por componentes de DHS como otros ajustes previamente anunciados por USCIS.
Para la comunidad cubana, la diferencia es relevante porque el parole ha desempeñado durante años un papel importante en distintos procesos migratorios. Sin embargo, la nueva tarifa no debe interpretarse como un cobro universal a todo cubano que haya tenido parole alguna vez.
También conviene separar estas reglas de los casos de cubanos con I-220A. El documento I-220A y el parole no son jurídicamente equivalentes, una distinción que ha estado en el centro de múltiples litigios y de los trámites de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Quienes tengan un procedimiento pendiente que pueda quedar sujeto a alguno de estos cobros deben revisar la comunicación específica de la agencia que gestione su caso. Las tarifas comienzan a aplicarse oficialmente el 16 de octubre de 2026.
