El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este jueves que la acusación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate no es un gesto simbólico, sino parte de un esfuerzo judicial para llevarlo ante una corte federal.
“No hicimos esto para una acusación de exhibición. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí… y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, declaró Blanche en una entrevista con Fox News.
⚠️⚠️#Urgente. Fiscal General interino de EE.UU. sobre la acusación contra Raúl Castro:
“No hicimos esto para una acusación de exhibición. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí… y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí.” pic.twitter.com/XsRKTAo1JP
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 28, 2026
La acusación marca una nueva etapa en el expediente por el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por aviones militares cubanos.
En el hecho murieron Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales. El Departamento de Justicia los identificó como tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.
Raúl Castro enfrenta siete cargos criminales en EEUU. Entre ellos figuran una conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos por destrucción de aeronaves.
Los otros acusados son Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
Este último fue sentenciado en una corte federal en Jacksonville a siete meses de prisión por fraude migratorio.
La senadora republicana Ashley Moody, entrevistada por Martí Noticias, sostuvo que el encausamiento era el primer paso para abrir el camino a un juicio y una eventual condena.
Moody, exfiscal general de Florida, indicó que el siguiente movimiento corresponde a la Fiscalía estadounidense, que deberá preparar la documentación vinculada a una posible extradición.
La legisladora reconoció que el proceso será complejo, debido a que la mayoría de los acusados se encuentra en Cuba, bajo la protección de un régimen que históricamente ha rechazado entregar a sus altos funcionarios.
También señaló que la gestión requerirá coordinación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en un caso con implicaciones legales y diplomáticas.
Aunque existe un tratado de extradición entre Washington y La Habana desde 1904, el acuerdo no obliga a ninguna de las partes a entregar a sus propios ciudadanos. Esa condición reduce las posibilidades de una entrega voluntaria por parte del gobierno cubano.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y negó que tenga fundamento jurídico. Sin embargo, Blanche insistió en que Washington buscará mecanismos para que Castro comparezca ante la justicia, por voluntad propia o “de otra manera”.
