La administración del presidente Donald J. Trump propuso una nueva normativa que permitiría a los jueces de inmigración imponer multas civiles de hasta 3.500 dólares a migrantes, abogados y testigos que desobedezcan de forma reiterada las órdenes emitidas por esos tribunales en Estados Unidos.
La iniciativa, publicada en el Registro Federal y sometida a comentarios públicos durante 60 días, amplía las herramientas disciplinarias dentro de las cortes migratorias.
La propuesta fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), organismo dependiente del Departamento de Justicia encargado de administrar los tribunales migratorios. De aprobarse, los jueces podrían sancionar por desacato con cantidades que irían desde 1.000 hasta 3.500 dólares.
Multas no alcanzarían a los abogados de ICE
Uno de los puntos cuestionados de la propuesta es que la facultad sancionadora no se aplicaría de la misma forma a todas las partes que intervienen en estos procesos. Los jueces no podrían imponer esas multas a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa diferencia provocó críticas entre especialistas y representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de inmigrantes. Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la disposición como “totalmente sesgada”.
Chen aseguró a CBS que la propuesta representa otro intento contra los abogados especializados en asuntos migratorios y sostuvo que está “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente” estadounidense.
Las críticas también apuntan a la estructura de los tribunales de inmigración. A diferencia de las cortes federales ordinarias, estos órganos pertenecen al Poder Ejecutivo y funcionan bajo el Departamento de Justicia, una característica que durante años ha generado cuestionamientos sobre su independencia.
EEUU amplía las sanciones económicas contra migrantes
La nueva propuesta se suma a otras medidas económicas aplicadas por la administración Trump como parte de su política migratoria. Más de 100.000 extranjeros habrían recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por deudas relacionadas con órdenes de deportación incumplidas, según datos citados por The New York Times.
Las cartas establecen penalizaciones de 998 dólares por cada día que una persona permanece en EEUU después de la fecha en que debía abandonar el país tras una orden de un juez migratorio.
Algunas multas superan el millón de dólares
Los montos acumulados pueden alcanzar cifras difíciles de pagar. Entre los casos señalados figura el de una ciudadana mexicana, madre de tres estadounidenses, a quien se atribuyó una deuda de 1.820.352 dólares por no haber salido de EEUU después de una orden que, según las autoridades, debía cumplir desde 2013.
La propuesta sobre desacato todavía no constituye una regla definitiva. Durante el período de 60 días establecido tras su publicación, ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno decida sobre su implementación.
