
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) habría comenzado una investigación respecto a las solicitudes de nacionalidad española presentadas desde Cuba a través de la llamada Ley de Nietos, informó el diario español Vozpópuli.
Según la información, revisada por Periódico Cubano, Washington tiene la sospecha de que algunos beneficiarios podrían estar relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico o estructuras vinculadas al régimen castrista.
Las autoridades estadounidenses tendrían datos sobre expedientes que permitirían obtener el pasaporte español a personas con presuntos vínculos con redes criminales activas en el Caribe.
La información se basa en fuentes consultadas por Vozpópuli y no en un comunicado público del DOS. El reporte tampoco identifica a los solicitantes investigados, precisa cuántos expedientes estarían bajo revisión ni detalla posibles acciones judiciales contra los implicados.
Una de las inquietudes atribuidas a Washington es que personas vinculadas con el aparato político cubano puedan obtener la ciudadanía y el pasaporte españoles, documentos que facilitan los viajes internacionales y el acceso a EEUU bajo determinadas condiciones migratorias.
Las autoridades norteamericanas temerían que este mecanismo fuera aprovechado por individuos con intenciones de desestabilización o relacionados con actividades ilícitas en territorio estadounidense.
La denominada Ley de Nietos forma parte de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Su disposición adicional octava permitió optar por la nacionalidad a descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio, así como a otros grupos familiares contemplados por la norma.
El plazo para solicitar la nacionalización terminó el 22 de octubre de 2025. Sin embargo, los consulados continúan procesando los expedientes de quienes iniciaron el trámite dentro del periodo establecido y conservan un justificante de su solicitud.
Vozpópuli estimó que más de 300.000 cubanos solicitaron la nacionalidad española mediante este procedimiento. Asociaciones vinculadas con los solicitantes han denunciado irregularidades, dificultades para acceder a las citas y una posible intervención de entidades controladas por el régimen cubano.
La presunta investigación estadounidense coincide con una creciente confrontación política en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de aplicar una estrategia de “ingeniería electoral” para incorporar nuevos votantes mediante las nacionalizaciones. Vox también pidió revisar las inscripciones en el censo de residentes en el exterior.
El Ejecutivo español rechazó esas acusaciones y defendió la medida como un acto de reparación para los descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La portavoz gubernamental, Elma Saiz, calificó las críticas como una irresponsabilidad y negó que el procedimiento persiga alterar los resultados electorales.
La población española residente en el extranjero alcanzó los 3 millones 202 mil 002 inscritos al comenzar 2026, un crecimiento anual del 5,1%. Los nuevos ciudadanos pueden incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque no en comicios municipales.

