La Ley de Nietos volvió este lunes al centro de la confrontación política en España, mientras miles de descendientes de emigrantes, incluidos cubanos, continúan esperando una resolución a sus inscripciones de nacionalidad.
El plazo para iniciar nuevos trámites terminó en octubre de 2025, pero la acumulación de expedientes mantiene activo un proceso de revisión de los expedientes que ahora la oposición vincula con las próximas elecciones generales.
Periódico Cubano confirmó a través de medios españoles que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de aplicar una estrategia de “ingeniería electoral” y de intentar “fabricar nuevos votantes” mediante la concesión de nacionalidades.
Feijóo sostuvo que el proceso podría aumentar el censo en unos 2.5 millones de personas y señaló especialmente a los descendientes de españoles residentes en América Latina.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a las críticas y advirtió que los funcionarios consulares incurrirían en una ilegalidad si concedieran la nacionalidad a personas que no cumplan los requisitos. Vox, por su parte, ha relacionado el procedimiento con una supuesta alteración del censo electoral.
El gobierno rechazó las acusaciones. Su portavoz, Elma Saiz, calificó las declaraciones de Feijóo como una “irresponsabilidad mayúscula” y defendió la norma como una medida de justicia y reparación para las familias de españoles obligados a abandonar el país durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La población española residente en el extranjero alcanzó los 3 millones 202 mil 002 inscritos al comenzar 2026, un crecimiento anual del 5.1%. Los nuevos ciudadanos pueden incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque no en comicios municipales.
¿Cómo funciona la Ley de Nietos?
La conocida como “ley de nietos” permite que hijos y nietos de españoles emigrados obtengan la nacionalidad española sin necesidad de haber residido en España. En realidad, no se trata de una ley independiente, sino de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde el 21 de octubre de 2022.
La medida fue concebida como una reparación para los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a su ciudadanía tras abandonar el país por razones políticas, ideológicas, religiosas o vinculadas con su orientación o identidad sexual durante la Guerra Civil y la dictadura. La norma considera como periodo de exilio el comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978.
Pueden beneficiarse hijos, hijas, nietos y nietas nacidos fuera de España de personas originariamente españolas que emigraron bajo esas circunstancias. Los solicitantes deben acreditar el vínculo familiar mediante actas de nacimiento, matrimonio, pasaportes, partidas de defunción u otros registros oficiales.
En determinados casos también se requieren pruebas del exilio, como certificados de organizaciones políticas o documentos relacionados con pensiones reconocidas a exiliados.
Los expedientes son gestionados por los registros civiles españoles o por los consulados correspondientes al país de residencia. El elevado número de peticiones provocó retrasos y una fuerte presión sobre oficinas consulares de países con amplias comunidades de descendientes, como Argentina y Cuba.
La norma estableció inicialmente un plazo de dos años, posteriormente ampliado hasta el 22 de octubre de 2025. Desde esa fecha no se admiten nuevas solicitudes. Sin embargo, miles de expedientes presentados dentro del periodo autorizado continúan pendientes de revisión, resolución o inscripción.
