La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes 29 de septiembre al gobierno continuar con las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países mientras estudia si esta política cumple con la ley.
La decisión permite reactivar un procedimiento que enfrenta cuestionamientos por las garantías ofrecidas a las personas enviadas a destinos con los que no tienen relación previa.
La orden del máximo tribunal tiene carácter temporal y suspende el fallo del juez federal Brian Murphy, quien había bloqueado la medida.
La Corte aceptó revisar el caso y anunció que los argumentos serán escuchados en diciembre de 2026. Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de levantar la suspensión.
¿Qué implica enviar a un inmigrante a un tercer país?
Las llamadas deportaciones a terceros países consisten en trasladar a una persona hacia una nación diferente a la suya y distinta al destino señalado originalmente en su proceso migratorio. En muchos casos, el afectado puede terminar en un territorio donde no tiene familiares, contactos, dominio del idioma o recursos para establecerse.
El conflicto judicial gira alrededor del procedimiento previo al traslado. Los abogados de los inmigrantes sostienen que las personas deben conocer con anticipación el país receptor y contar con una oportunidad real para demostrar si allí podrían enfrentar persecución, tortura u otros peligros.
La administración Trump defiende que los acuerdos diplomáticos con los países receptores permiten ejecutar estas expulsiones. Según el gobierno, cuando no existen garantías suficientes, los migrantes reciben una notificación y pueden presentar objeciones relacionadas con posibles riesgos.
Un ciudadano cubano está entre los principales demandantes
El caso tiene una relación directa con la Mayor de las Antillas debido a que uno de los demandantes principales, identificado en los documentos judiciales como D.V.D., es un ciudadano cubano. Sus representantes legales aseguran que padece una enfermedad mental grave y advierten sobre los riesgos de enviarlo a un país donde no pueda acceder al tratamiento médico que necesita.
La participación de un cubano en el proceso no establece una regla exclusiva para ciudadanos de la Isla. La disputa judicial analiza la aplicación general de esta política migratoria y las protecciones que deben recibir las personas sometidas a una posible expulsión hacia un destino diferente.
Los tribunales inferiores habían determinado que el gobierno debía garantizar una notificación adecuada y tiempo suficiente para presentar argumentos antes de efectuar una deportación. El juez Murphy consideró ilegal el procedimiento, decisión que luego fue respaldada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
Gobierno argumenta problemas operativos y diplomáticos
La administración acudió ante la Corte Suprema después de que la resolución de los tribunales inferiores volviera a aplicarse el 23 de septiembre. El procurador general D. John Sauer afirmó que la suspensión había generado dificultades logísticas, costos adicionales y obstáculos en las relaciones con los países que reciben deportados.
Como parte de sus argumentos, el gobierno informó que tuvo que cancelar un vuelo programado para trasladar a 70 personas con antecedentes penales hacia tres países diferentes. Según la administración, la decisión judicial obligó a renegociar acuerdos con los gobiernos involucrados.
Los demandantes, sin embargo, sostienen que la discusión no busca eliminar las órdenes de deportación existentes, sino establecer límites sobre la forma en que pueden ejecutarse cuando el destino final no es el país de origen.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunas personas enviadas bajo esta modalidad enfrentaron detenciones prolongadas, abusos físicos o sexuales y posteriores intentos de traslado hacia sus países de origen. Estas acusaciones forman parte de los argumentos presentados durante el proceso judicial.
Reuters informó que más de 25.000 migrantes habrían sido enviados a 29 países desde la aplicación de esta política, según cifras recopiladas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre los destinos mencionados aparecen Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, además de México como uno de los principales receptores.
La Corte Suprema deberá decidir en los próximos meses si el gobierno puede mantener este mecanismo y cuáles son las garantías necesarias antes de realizar una deportación a un tercer país. Mientras llega la sentencia definitiva, la administración podrá continuar aplicando la medida cuestionada.
