El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a exigir nuevamente la toma de datos biométricos a los inmigrantes con el formulario I-220A, generando preocupación entre la comunidad migrante. Este cambio, aunque dirigido a actualizar los registros criminales y los antecedentes de los solicitantes, ha levantado interrogantes sobre sus posibles implicaciones para aquellos que se encuentran en un proceso migratorio pendiente.
El periodista Mario J. Pentón conversó sobre el tema con el abogado Ismael Labrador. El especialista explicó que la decisión de la administración estadounidense de requerir huellas dactilares y otros datos biométricos responde a la necesidad de mantener actualizados los archivos criminales de las personas, especialmente aquellos con antecedentes penales.
Según Labrador, este procedimiento podría resultar en la deportación de quienes no puedan verificar su historial criminal, así como en la detención de individuos sin antecedentes, quienes se verían sometidos a un proceso más riguroso en su ajuste de estatus migratorio.
Muchos temen que, al no presentar sus huellas dactilares, se los podría considerar como evasores de la ley o como individuos con algo que ocultar. Labrador destacó que no presentarse a las citas puede ser interpretado como una violación de las condiciones impuestas para la obtención de beneficios migratorios, lo que podría perjudicar gravemente el proceso de residencia o trabajo. A su vez, insistió en que asistir a las citas es crucial para no enviar el mensaje equivocado a las autoridades migratorias.
Un punto crucial mencionado por el abogado es que negarse a colaborar con las autoridades o no asistir a las citas con ICE puede tener consecuencias graves, ya que la falta de cooperación podría influir negativamente en la evaluación de “buen carácter moral” que EEUU requiere para otorgar ciertos beneficios migratorios. No asistir a una cita es, según Labrador, una acción que podría ser vista como un indicio de falta de seriedad, lo cual complica aún más la situación de los inmigrantes.
De acuerdo con las últimas actualizaciones, es fundamental que los inmigrantes se presenten a todas las citas programadas, incluidas las de toma de huellas, para evitar contratiempos y asegurar el avance de sus solicitudes. El abogado Labrador señaló que aquellos que estén en espera de residencia, permiso de trabajo u otros beneficios deben cumplir con estos requisitos para no entorpecer su proceso migratorio.
Los inmigrantes con el formulario I-220A deben estar atentos a las nuevas medidas, ya que cualquier retraso o incumplimiento podría retrasar aún más sus solicitudes. Sin embargo, si alguien se encuentra en una situación difícil o no puede asistir por razones válidas, debe buscar asesoría legal inmediata para evitar complicaciones en su caso.
En cuanto a los beneficiarios de parol humanitario, Labrador mencionó que muchos han experimentado retrasos significativos en la obtención de su residencia. A pesar de que la situación es complicada, el abogado alentó a aquellos en este grupo a seguir los procedimientos establecidos y hacer seguimiento de sus casos a través de solicitudes de evidencia (e-request).
“Las personas que se encuentran bajo este régimen deben estar al tanto de los tiempos de espera y los posibles cambios en su estatus legal”, destacó Labrador.
Además, en relación con los casos de corte cerrada, explicó que los beneficiarios del ajuste de estatus pueden ser detenidos mientras esperan su audiencia, pero también destacó que aquellos con asilo o una solicitud en proceso tienen derecho a ser escuchados antes de cualquier acción de deportación. La prioridad es siempre que los inmigrantes respeten las citas y los requisitos legales, para evitar complicaciones adicionales.
