El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) compartió su informe anual sobre la represión en Cuba correspondiente al año 2025. La organización detectó en este periodo al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil de la Isla.
Desde 2021, más de 26.200 actos represivos han sido contabilizados, lo que demuestra un patrón continuo de represión, que tiene como parte de sus resultados a más de 800 presos políticos en las cárceles castristas.
El año también concluyó con 529 detenciones arbitrarias de corta duración, un número alarmante que afectó principalmente a mujeres, según el OCDH. Las provincias más golpeadas fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Solo en diciembre, la red de observadores del OCDH documentó al menos 279 acciones represivas, de las cuales 21 fueron detenciones arbitrarias y 258 involucraron otros abusos de derechos humanos, como el hostigamiento y la intimidación de opositores en un contexto de grave crisis económica, social y energética.
“El año recién finalizado ha sido uno de los peores para los cubanos, en medio de una represión generalizada que penaliza desde publicaciones en redes sociales hasta cualquier protesta pacífica en el espacio público”, señaló el Observatorio en su reporte.
En este sentido, la organización denunció que el gobierno cubano ha dejado claro que no está dispuesto a buscar soluciones a los problemas que afectan a la población, sino que, por el contrario, administra la represión como su principal estrategia política. “Quieren que los ciudadanos sufran y resistan en silencio”, afirmó el OCDH.
El informe también advierte que, a medida que avanza el año 2026, es probable que la represión se intensifique aún más, debido a la “paranoia” creciente del régimen cubano en medio de la compleja situación internacional.
El Observatorio subrayó la importancia de las presiones diplomáticas y políticas por parte de la comunidad internacional para evitar un escenario aún más extremo, ya que el gobierno cubano sigue mostrando una clara disposición a sofocar cualquier intento de cambio o protesta.
Una de las jornadas más represivas del año pasado, ocurrió el 10 de diciembre, cuando se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión, el gobierno cubano desató una feroz vigilancia hacia periodistas independientes y activistas.
Testimonios compartidos por CubaNet revelaron el despliegue de agentes de la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y otras fuerzas represivas en medio de una crisis energética y económica sin precedentes.
El periodista Vladímir Turró, colaborador de dicho medio independiente, fue uno de los primeros en reportar la presencia de oficiales del régimen cerca de su vivienda, lo que lo obligó a no pasar la noche en su hogar por precaución.
Además, la periodista Camila Acosta denunció la presencia de efectivos vestidos de civil cerca de su edificio, una táctica comúnmente utilizada por las fuerzas represivas para disuadir a los opositores.
En otro caso, el periodista Boris González Arenas y su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada, confirmaron que su vivienda estaba bajo vigilancia de la seguridad del Estado, lo que demuestra la constante vigilancia a la que están sometidos los disidentes y periodistas independientes en Cuba.
