El Gobierno de Camagüey ha recaudado casi un millón y medio de pesos en multas

El Gobierno de Camagüey ha recaudado casi un millón y medio de pesos en multas. (Foto ilustrativa: Ramón Barreras Valdés-Vanguardia)

El Gobierno castrista continúa recaudando grandes sumas de dinero gracias a las multas que impone a los llamados “violadores de precios”, pues solo en la provincia de Camagüey las autoridades han recaudado un millón y medio de pesos gracias a las sanciones impuestas a los habitantes que intentan vender productos a un precio que no es el establecido por el Gobierno.

De acuerdo con el medio oficialista Adelante, las autoridades sostienen que las multas son medios para defender al pueblo de los “precios abusivos”, pero no mencionan la escasez de artículos, que es la verdadera razón por la cual los precios en el mercado informal de la Isla llegan tan alto.

Antonio Delgado Sánchez, presidente de la Dirección Integral de Supervisión en Camagüey, indicó al citado medio que se han mantenido activas a 44 brigadas que se dedican a identificar presuntas irregularidades en lugares públicos de venta de productos.

Delgado Sánchez añadió que unos 7.711 supervisores estuvieron trabajando en la provincia, lo que llevó a identificar 4.242 supuestas alteraciones y a 4.527 personas que violaron la ley, lo que se tradujo en una ganancia de 1.463.809 pesos con 5 centavos para el régimen castrista.

El presidente de la Dirección Integral de Supervisión en Camagüey indicó que además de las multas, las autoridades realizaron entre enero y febrero 31 decomisos de productos del agro, de la gastronomía y la venta forzosa de 171 carretilleros en el territorio.

De acuerdo a los varios reportajes oficialistas transmitidos en la Televisión Cubana, los alimentos y productos decomisados son enviados al mercado estatal para su venta al público general, sin embargo no hay manera precisa de determinar su verdadero destino.

Algo que el medio estatal no menciona es que las violaciones de precios surgieron luego de que se implementara el ordenamiento monetario, el cual entró en vigencia el pasado primero de enero y trajo consigo un presunto aumento salarial que quedó prácticamente invalidado ante el aumento de precio de todo servicio y artículo ofertado en Cuba.

Ante dicho aumento en los servicios como la electricidad y el combustible, el precio de muchos productos se volvió poco redituable, lo que obliga a muchos de los vendedores a tener que ofertar sus bienes a precios más elevados que los permitidos por las autoridades castristas, las cuales parecen no haber tomado en cuenta estos nuevos gastos a la hora de asignar los precios.