El pasado 5 de diciembre el régimen comunista dictó nuevas restricciones que limitan la capacidad de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y otros actores privados para la comercialización de productos en el mercado interno. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, a través de un comunicado, advirtió que estas disposiciones aumentarán la inseguridad alimentaria y perjudicarán a los emprendedores privados.
Los diplomáticos estadounidenses criticaron que la Resolución 56/2024, publicada en la Gaceta Oficial, endurece el acceso al comercio mayorista para el sector privado. “Las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores independientes del país y empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla. Los cubanos merecen algo mejor”, indicaron.
Las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores independientes del país y empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla. Los cubanos merecen algo mejor. https://t.co/060d9Jqo2K
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) December 10, 2024
Las críticas directas de la embajada de EEUU se producen en las primeras semanas de Mike Hammer como nuevo jefe de la misión diplomática en La Habana. El funcionario, con más de 35 años de carrera en el servicio exterior en países de América Latina, África y Europa, llegó para sustituir a Benjamin Ziff, quien dejó el cargo tras más dos años al frente de la misión en Cuba.
El régimen comunista mantiene un férreo control sobre el mercado mayorista. Las Mipymes y cooperativas solo podrán vender al por mayor sus propios productos a entidades estatales o mediante comercializadoras mayoristas controladas por el gobierno. Aquellos con la venta mayorista como actividad secundaria perderán automáticamente sus licencias. Esta movida de control reduce opciones y competitividad.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia dedicados al comercio mayorista también quedarán fuera del registro. El plazo establecido para que las empresas actualicen sus licencias es de 90 días hábiles, mientras que aquellas con inventarios pendientes disponen de 120 días para vender todo. Una vez cumplido el tiempo, las inspecciones estatales verificarán el cumplimiento de la nueva norma y los violadores de las nuevas leyes recibirán grandes multas, el decomiso de la mercancía y hasta la pérdida de su licencia operativa.
Según el gobierno, la intención es “ordenar” el sector, pero expertos dudan de sus resultados. El economista cubano Pedro Monreal calificó la resolución como un retroceso, advirtiendo que el control estatal incrementará la inestabilidad social. Es el mismo criterio que expresa la embajada de EEUU, pues un mayor empeoramiento de la actual crisis alimentaria puede conducir a protestas populares.
Monreal cuestionó la efectividad de esta normativa, subrayando que la medida no solo ahuyenta a la inversión privada, sino que también establece una relación desigual que convierte a las Mipymes en “clientes cautivos” del Estado. Comentarios en redes sociales revelan la indignación: muchos cubanos ven estas restricciones como un ataque directo al emprendimiento, reforzando la percepción de que el Estado actúa “a propósito” para generar caos.
Está más que demostrado que el gobierno de Cuba no puede hacerse cargo de todos los sectores que rigen la economía del país. Si las pequeñas empresas quieren comercializar al por mayor por qué el gobierno interviene para frenar el avance de dichas empresas creando un clima de inseguridad y falta de alimento en la isla cuando el gobierno no puede garantizar que los productos lleguen a tiempo a los mercados sabiendo que comercio interior siempre está presentando dificultades en su distribución