El emprendedor cubano Alejandro Escalona Vega, propietario del pequeño puesto de alimentos Alejo, denunció en un video publicado en Facebook que tres inspectoras le impusieron multas por un total de 48.000 pesos cubanos durante una inspección realizada en su negocio.
Escalona deberá asumir una sanción de 32.000 pesos como titular del establecimiento, mientras que su trabajador recibió otra de 16.000 por no contar con un contrato formalizado.
La cifra representa un fuerte golpe para un trabajador por cuenta propia en un país donde el salario mínimo alcanza los 3.210 pesos. La multa aplicada al propietario equivale a casi diez salarios mínimos, mientras la sanción al empleado supera cuatro.
Escalona grabó parte del procedimiento y después difundió las imágenes en redes sociales. En la publicación cuestionó la actuación de las funcionarias y escribió: “Pasaron las inspectoras para embolsillarse 32 mil pesos, más una multa de 16 a mi trabajador contratado, además jubilado. Un país que ataca a los de abajo”.
Durante el intercambio, una de las inspectoras explicó el motivo de las sanciones: “El compañero por no tener el contrato de trabajo se notifica y al titular por emplear a una persona ilegal también se notifica”.
El propietario respondió que nadie le había advertido antes sobre la necesidad de modificar el documento laboral. También cuestionó los cambios frecuentes en las exigencias para los trabajadores privados y afirmó: “Aquí se crean leyes todos los días para joder a los TCP, eso es sabido”.
La discusión también llegó al sistema bancario. Escalona cuestionó las restricciones que enfrentan los emprendedores para disponer del dinero de sus negocios: “Mete 100 mil pesos en la tarjeta, 100 mil pesos. Y usted lo va a sacar en tal lado, en tal banco. Mentira, no puedo sacarlo”.
Multas al sector privado generan cuestionamientos por su impacto económico
El caso ocurre mientras las sanciones contra trabajadores privados adquieren mayor peso dentro de la fiscalización económica en Cuba.
Una investigación de elTOQUE señaló que las multas aportaron más de 1.000 millones de pesos al presupuesto estatal durante el primer trimestre de 2025, después de que las autoridades aplicaran 425.012 sanciones.
Para julio de ese año, el acumulado superaba las 661.000 multas, con una recaudación de 2.177 millones de pesos, según esa investigación. La preocupación también alcanza al mecanismo utilizado para incentivar el trabajo de los inspectores. En diciembre de 2024, el Gobierno anunció un esquema de remuneración “por resultados” vinculado a las sanciones.
En abril de 2026, otra denuncia difundida en redes sociales sostuvo que algunos inspectores reconocían la existencia de metas internas relacionadas con las multas.
El contexto económico añade presión al episodio. Una encuesta del Food Monitor Program y Cuido60, correspondiente a mayo de 2026, indicó que el 33,9 % de los hogares cubanos reportó que al menos uno de sus integrantes se acostó sin comer durante el último año.
Escalona dispone de cinco días hábiles para apelar las sanciones y recibió una citación para acudir a la Dirección de Inspección. Sin embargo, el emprendedor expresó su desconfianza sobre el proceso: “No voy a resolver nada”.
