En medio del juicio político, Trump consigue 1.400 millones para su muro fronterizo

Tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se pusieron de acuerdo para sacar adelante una partida presupuestaria que incluye 1.400 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo de la parte sur que delimita con México.

La disputada iniciativa de ley federal también aprueba un presupuesto histórico para el Pentágono y fue aprobada con 297 votos a favor y 120 en contra. De esos votos en contra, muchos fueron demócratas por el estado de Texas, donde se pretende construir la sección del muro.

Los legisladores del partido azul están molestos porque el liderazgo de su partido, que dirige la Cámara, cedió incluso una pulgada a las ambiciones del muro fronterizo de Trump, al mismo tiempo que no hizo más para restringir algunas otras políticas de inmigración de la Casa Blanca que consideran crueles y equivocadas.

Mientras otros justificaron la medida pues el presidente “el presidente tiene autoridad limitada para mover fondos dentro del Departamento de Defensa para construir cercas fronterizas y declarar una emergencia nacional y cancelar proyectos de construcción militar y redirigir sus fondos”, dijo un portavoz de la Presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Nita Lowey (demócrata por Westchester).

En resumen, es un golpe para los opositores liberales del muro, pero visto como un mal necesario para los demócratas pragmáticos que obtuvieron a cambio otros 27.000 millones de dólares del presupuesto para sus programas nacionales de beneficio social en el año fiscal 2019-2020.

La Cámara de Representantes de mayoría demócrata con su presidenta, Nancy Pelosi, ha encabezado un proceso de juicio político contra el mandatario que inició a finales de la pasada semana.

En ese momento Pelosi dijo: “Durante semanas, el presidente, su abogado en la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso han hecho una afirmación infundada de que la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes ‘carece de la autorización necesaria para un procedimiento de juicio político válido’”.