La prolongada crisis de acceso al agua potable en el municipio de Río Cauto, en Granma, se agrava cada vez más mientras las autoridades ignoran un problema que afecta a numerosas familias, incluyendo personas de la tercera edad.
El usuario Aricel Céspedes denunció que residentes de comunidades como Cauto del Paso, incluyendo ancianos, enfermos y vecinos con discapacidad, se ven forzados a caminar largas distancias hasta el contaminado río Cauto o a una laguna cercana para obtener el mínimo de agua para sobrevivir.
En el grupo de Facebook Revolico Río Cauto, Céspedes describió una escena cotidiana marcada por la precariedad: adultos mayores regresando con recipientes llenos de un líquido “que no se puede tomar”, mientras otros habitantes, más alejados del cauce, dependen de una laguna igualmente insalubre.
Según explicó, el huracán Melissa agravó una situación ya precaria, pues desde hace más de un año se dañó la turbina que abastece el agua a la población sin que el gobierno municipal haya gestionado su reparación.
Céspedes cuestionó la ausencia de acciones por parte de las instituciones y lanzó una crítica directa a las autoridades: “¿Por qué se ha hecho tan inaccesible llevar una pipa con agua potable? Es inaceptable que esto esté sucediendo y no le den ninguna solución”.
Tras las inundaciones provocadas por el ciclón, el panorama se agravó: el agua del río quedó contaminada, dificultando aún más el acceso a una fuente segura. “Después de tanta agua, ahora tengamos que morir de sed”, lamentó Céspedes, alertando además sobre vecinos con movilidad reducida que no pueden llegar a las fuentes naturales.
A pesar del tiempo transcurrido desde el impacto de Melissa, los habitantes denuncian que la recuperación en Río Cauto continúa paralizada. Las crecidas destruyeron viviendas, pozos e infraestructuras esenciales, sin que hasta la fecha —según testimonios locales— exista un plan público que detalle cómo o cuándo se restablecerá el servicio de agua potable.
La población sostiene que las autoridades han actuado con lentitud y falta de transparencia, dejando atrás a sectores enteros del municipio. La combinación de una turbina inoperante, la ausencia de distribución estatal de agua y la falta de supervisión mantiene a cientos de familias en una situación límite.
En noviembre, en plena emergencia, las autoridades locales anunciaron que el agua “natural” destinada a los damnificados tendría un costo de 40 pesos por núcleo. Aunque la medida fue presentada como un cobro “simbólico” para cubrir “costos logísticos”, la decisión generó indignación entre los afectados, que la consideraron incomprensible en medio de un desastre.
