Los dos acuerdos de Exteriores con la entidad del régimen cubano suman más de 1,37 millones de euros y pueden mantenerse vigentes hasta finales de 2028
El Gobierno de España no mantiene un solo contrato con el Grupo Empresarial Palco en La Habana. Una revisión de los registros de contratación pública permite comprobar la existencia de un segundo acuerdo de 242.743,48 euros para suministrar personal a la propia Embajada española en Cuba, separado del polémico contrato de 1,13 millones de euros utilizado por el Consulado General.
Este segundo expediente cobra relevancia después de que una asociación española solicitara la nulidad del contrato consular de Palco por sus posibles implicaciones en la gestión de los miles de expedientes de nacionalidad acumulados por la llamada Ley de Nietos.
Sin embargo, el acuerdo destinado al Consulado es solo una parte de la relación contractual entre las autoridades españolas y la empresa estatal cubana.
Palco también suministra trabajadores a la Embajada de España
El segundo expediente lleva el número 2024SWs00113 y aparece denominado oficialmente como “Contrato de servicios entre la empresa gubernamental cubana PALCO y la Embajada de España en La Habana”.
El órgano contratante es la Dirección General del Servicio Exterior y su importe asciende a 242.743,48 euros.
El contrato corresponde a servicios de colocación y suministro de personal y fue tramitado mediante un procedimiento restringido. Los registros consultados muestran una sola oferta y a Palco como adjudicataria.
Por separado, el expediente 2024SWs00114, correspondiente al Consulado General de España en La Habana, tiene un importe de aproximadamente 1,13 millones de euros.
La suma de ambos contratos alcanza aproximadamente 1,37 millones de euros de dinero público español destinado a servicios prestados por la empresa gubernamental cubana.
Los dos acuerdos comenzaron a ejecutarse el 1 de enero de 2025 y los registros de contratación consultados sitúan su horizonte contractual hasta el 31 de diciembre de 2028.
La existencia de los dos contratos ya había sido señalada anteriormente por algunos medios españoles, pero adquiere una dimensión diferente en agosto de 2026 debido a la ofensiva administrativa emprendida para revisar la participación de Palco en las dependencias españolas de La Habana.
El contrato de 1,13 millones está bajo cuestionamiento
El pasado 28 de julio, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) presentó un escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Mesa de Contratación y otras autoridades para solicitar la revisión íntegra y la declaración de nulidad del contrato de 1,13 millones correspondiente al Consulado.
La iniciativa trascendió públicamente en agosto y reclama esclarecer qué funciones realizan exactamente los empleados suministrados por Palco y cuál es su eventual acceso a expedientes, sistemas informáticos y datos vinculados con los procesos de nacionalidad española.
Hasta el momento, no consta en los registros consultados una resolución de un tribunal de contratación que haya anulado estos contratos. El buscador especializado Gobierto muestra a Palco citada en cero resoluciones de tribunales de recursos contractuales.
Por tanto, la petición de nulidad no equivale a que el contrato haya sido suspendido o cancelado.
Palco no es GAESA, pero tampoco es una empresa estatal cualquiera
Un elemento que requiere precisión es la relación entre Palco y el poderoso conglomerado militar GAESA.
Aunque algunas informaciones han vinculado ambas estructuras, la documentación oficial disponible no permite afirmar que Grupo Empresarial Palco pertenezca a GAESA.
Los registros institucionales cubanos identifican de forma separada al Grupo Empresarial Palco y al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAE S.A.), estructura conocida habitualmente como GAESA y vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
GAESA constituye un conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas y posee intereses en sectores estratégicos como turismo, comercio, finanzas y servicios. En 2026 ha quedado además en el centro de la política de presión económica de Washington contra La Habana.
Palco tiene otra ubicación institucional.
El propio diario oficial Granma describió al grupo como una entidad “subordinada al Consejo de Ministros” y destacó abiertamente su importancia política por encargarse de servicios dirigidos al cuerpo diplomático y a delegaciones oficiales extranjeras que visitan Cuba.
Ese vínculo directo con el poder ejecutivo cubano añade una dimensión política a la decisión española de utilizar la empresa como suministradora de trabajadores.
El Estado cubano interviene hasta en quién puede trabajar para España
La relación va más allá de estos dos contratos.
Una convocatoria oficial de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana contiene una cláusula especialmente reveladora sobre la contratación de ciudadanos cubanos.
El documento establece que los aspirantes de nacionalidad cubana necesitan una “no objeción de PALCO” para poder ser seleccionados, autorización que debe mantenerse vigente durante toda la relación laboral.
Además, establece que ningún candidato cubano puede presentarse a las pruebas correspondientes sin haber obtenido previamente esa aprobación.
En la práctica, esto significa que una entidad estatal cubana interviene en el acceso de ciudadanos de la Isla a determinados puestos de trabajo de una representación oficial extranjera.
La situación responde al particular sistema cubano de contratación laboral para determinadas entidades y representaciones extranjeras, pero resulta políticamente relevante cuando la misma empresa mantiene contratos financiados por España y participa en el suministro de personal para sus dependencias diplomáticas.
Palco tiene una estrecha relación histórica con la cúpula del régimen
Grupo Palco surgió alrededor del Palacio de Convenciones de La Habana, construido para la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados de 1979.
Con los años amplió sus actividades hacia organización de eventos, turismo, inmobiliaria, construcción, logística, importaciones y servicios destinados al cuerpo diplomático y las delegaciones extranjeras.
Su propio expresidente, Abraham Maciques, explicó en una entrevista difundida por Granma que la importancia política del grupo estaba relacionada precisamente con la atención prestada a la diplomacia y a las delegaciones oficiales desde su llegada al aeropuerto hasta su salida del país.
Maciques, quien dirigió durante décadas la organización y mantuvo una estrecha relación con Fidel Castro, falleció en mayo de 2025. Periódico Cubano informó entonces sobre la trayectoria de Abraham Maciques y su vinculación con Palco y la élite gubernamental cubana.
Incluso en años recientes, Palco conserva una proximidad visible con las máximas autoridades del régimen. En abril de 2026, el primer ministro Manuel Marrero presidió personalmente una ceremonia de reconocimiento a trabajadores y empresas pertenecientes al grupo.
La polémica coincide con miles de expedientes de nacionalidad pendientes
El principal contrato cuestionado coincide con la enorme carga de trabajo generada en La Habana por la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos.
Más de 300.000 cubanos habían presentado solicitudes de nacionalidad española desde la entrada en vigor de la normativa, convirtiendo a Cuba en uno de los países con mayor número de expedientes. Más de 300.000 cubanos solicitaron la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos.
La incorporación masiva de nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero también ha provocado un fuerte debate político en España, donde sectores de la oposición han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la normativa como una forma de “ingeniería electoral”.
Periódico Cubano explicó anteriormente la polémica electoral alrededor de la Ley de Nietos.
En ese contexto, la contratación de una empresa directamente vinculada al aparato estatal cubano añade otra controversia: España no solamente paga a Palco para proporcionar trabajadores al Consulado donde se concentran miles de expedientes de nacionalidad, sino que mantiene además un segundo contrato para suministrar personal a su Embajada en La Habana.
Por ahora, no existe constancia de que ninguno de esos dos contratos haya sido anulado.
Pero la polémica deja una pregunta cada vez más relevante para las autoridades españolas: hasta dónde debe llegar la participación de una empresa del Estado cubano en el funcionamiento cotidiano de las dependencias diplomáticas y consulares de España en la Isla.
