Un migrante cubano fue detenido el pasado domingo por agentes de inmigración de Estados Unidos cuando se le marcó un alto en un retén ubicado en el Highway 86. Además de descubrirse su situación irregular, los oficiales también encontraron en sus registros que tiene una orden de búsqueda en Argentina.
De acuerdo con la información difundida, durante el control los agentes federales interrogaron al conductor, quien era trabajador de Amazon, y comprobaron que permanecía en territorio estadounidense de forma ilegal desde 2022.
Se detectó que el hombre era requerido por las autoridades sudamericanas por una serie de estafas presuntamente cometidas con paquetes de viajes para turistas.
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El arresto abrió de inmediato un proceso de deportación. Sin embargo, su destino inicial no sería Cuba, sino Argentina, donde seguramente enfrentará un proceso judicial por dicho delito.
La deportación ocurrirá mientras Washington y Buenos Aires mantienen negociaciones desde enero con el fin de firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar a migrantes de otras nacionalidades hacia territorio argentino.
La eventual participación de Argentina en ese esquema también coincide con el giro más duro del gobierno de Javier Milei frente a la inmigración. Su administración, que ha elevado el tono antiinmigración, asegura haber ejecutado un número récord de expulsiones y ha desplegado operativos policiales de control migratorio en suburbios de Buenos Aires.
Para Washington, estos acuerdos cumplen varias funciones. Por un lado, refuerzan el mensaje de disuasión contra quienes entren de manera irregular a EEUU. Por otro lado, ofrecen una salida operativa para casos de migrantes procedentes de países con los que no existen relaciones fluidas o donde los procesos de repatriación se vuelven lentos y complejos.
La administración Trump ya ha enviado migrantes de otras nacionalidades a países dispuestos a recibirlos, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Esas deportaciones han sido cuestionadas en tribunales y por organizaciones que vigilan el respeto al debido proceso, pero hasta ahora la justicia ha permitido que continúen.
Washington también tiene un acuerdo similar con países africanos, como el reino de Esuatini donde han sido enviados cubanos por no ser aceptados en la Isla a causa de sus antecedentes penales en territorio estadounidense.
Uno de los casos involucra a Juan Carlos Font Agüero, un cubano de 59 años que actualmente se encuentra detenido en ese país. Font Agüero había residido en los EEUU desde 2003, donde cumplió una condena de 17 años por asesinato en segundo grado.
Tras su liberación, Washington inició el proceso de deportación hacia Cuba. Sin embargo, las autoridades comunistas se negaron a recibirlo, argumentando que Font Agüero había perdido su ciudadanía por haber residido fuera de la isla por más de 20 años.
El hombre fue trasladado por varios países en los últimos meses, hasta llegar finalmente a Esuatini. Su hijastra, Yessica de la Caridad García Negrín, denunció que el proceso de deportación se llevó a cabo sin previo aviso ni acompañamiento consular.
