El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra altos funcionarios civiles y militares del régimen cubano, entre ellos Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La medida fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), que actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés).
La acción es efectuada días después de la visita del director de la Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, a Cuba, donde sostuvo reuniones con funcionarios del régimen.
Entre los nuevos sancionados también figuran Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; y Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia.
Asimismo, José Miguel Gómez del Vallín, general de división y jefe de la Contrainteligencia Militar del MINFAR; y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista.
También fueron incluidos Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el general de división Eugenio Armando Rabilero Aguilera; y el general de división Raúl Villar Kessell.
La Dirección de Inteligencia de Cuba, identificada por OFAC como una organización gubernamental establecida el 6 de junio de 1961, también ha sido sancionada por Washington.
El organismo aparece también bajo los nombres Dirección General de Inteligencia, DGI y G2, denominaciones históricamente asociadas al aparato de espionaje, seguridad del Estado cubano y represión en la Isla.
La inclusión en la Lista SDN tiene consecuencias financieras severas. En la práctica, todos los bienes, cuentas, propiedades o intereses de los sancionados que estén en EEUU o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, ciudadanos, residentes permanentes y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con esas personas o entidades.
Para el régimen cubano, el alcance de estas sanciones representa un nuevo golpe a su estructura política, militar e institucional. La medida no solo apunta a figuras individuales, sino también al entramado de inteligencia que sostiene la vigilancia interna, la represión política y el control social dentro de la Isla.
OFAC también informó que actualizó registros ya existentes relacionados con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios vinculados a esas estructuras. Esto amplía el marco de sanciones sobre organismos clave del aparato represivo cubano.
Listado de los sancionados
- Rosabel Gamón Verde, Ministra de Justicia
- Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional
- Vicente de la O Levy, Ministro de Energía y Minas
- Mayra Arevich Marín, Ministra de Comunicaciones
- Jose Miguel Gómez del Vallín, Jefe de la Contrainteligencia Militar
- Raul Villar Kessell, Jefe del Ejército Central
- Eugenio Armando Rabilero Aguilera, Jefe del Ejército Oriental
- Joaquin Quintas Sola, General de Cuerpo del Ejército de Cuba
- Roberto Morales Ojeda, Secretario del Comité Central de PCC
Trump amplió sanciones a Cuba el primero de mayo
Al iniciar este mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen cubano y fortalece el marco de presión de Washington sobre La Habana.
La medida fue dirigida a funcionarios, entidades, agentes y colaboradores vinculados al aparato de seguridad del gobierno cubano, así como a personas relacionadas con actos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
Según la Casa Blanca, la orden se ampara en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y busca aumentar la capacidad del gobierno estadounidense para castigar a quienes sostienen las estructuras represivas del régimen comunista.
La disposición permite sancionar no solo a miembros directos del gobierno cubano, sino también a quienes brinden apoyo material, faciliten operaciones o actúen en beneficio de sus órganos de seguridad.
Uno de los aspectos más relevantes es que también autoriza medidas contra terceros, incluidas empresas, instituciones financieras o personas que realicen transacciones con individuos u organizaciones sancionadas.
Washington justificó la decisión al considerar que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, por su apoyo a actores hostiles, su papel en la inestabilidad regional y sus vínculos con gobiernos adversarios.
