El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que amplía las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, con nuevas restricciones dirigidas a personas, entidades y colaboradores vinculados al aparato de seguridad de La Habana, casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
Según un comunicado de la Casa Blanca, La medida refuerza el marco de castigos ya existente contra Cuba y se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA. Con ese instrumento, Washington busca ampliar su capacidad de presión sobre el gobierno comunista y sobre quienes considera responsables de sostener sus estructuras represivas.
La orden impone sanciones a entidades, funcionarios, agentes o colaboradores materiales del gobierno cubano que apoyen sus órganos de seguridad, participen en actos de corrupción o estén vinculados a abusos contra la población. También permite actuar contra afiliados que faciliten el funcionamiento de ese aparato.
Uno de los puntos más relevantes es que la disposición autoriza sanciones contra terceros. Esto incluye a personas, empresas, entidades o instituciones financieras que realicen o faciliten transacciones con individuos u organizaciones castigadas bajo la nueva orden.
La Casa Blanca justificó la decisión como una respuesta a lo que considera una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU. El gobierno de Trump acusó al régimen cubano de apoyar a actores hostiles, favorecer la inestabilidad regional y mantener vínculos con gobiernos y organizaciones adversas a los intereses estadounidenses.
Según el documento oficial, Cuba mantiene relaciones estrechas con estados patrocinadores del terrorismo, entre ellos Irán, y ofrece refugio seguro a grupos transnacionales como Hezbolá. Washington también sostuvo que la Isla permite operaciones extranjeras de inteligencia y militares a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense.
La administración Trump también vinculó la medida con la represión interna en Cuba. En su argumentación, señaló que el régimen persigue y tortura a opositores políticos, restringe la libertad de expresión y difunde la ideología comunista en la región mientras mantiene sometida a su propia población.
Otro elemento citado por Washington fue la crisis migratoria. La Casa Blanca afirmó que la corrupción y el deterioro institucional en Cuba han contribuido al éxodo hacia Estados Unidos, con más de 850.000 migrantes llegados a territorio estadounidense entre 2022 y el otoño de 2024, según los datos incluidos en el comunicado oficial.
La nueva orden se suma a otras acciones recientes de la administración Trump contra La Habana. En enero de 2026, el mandatario declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba y abrió un proceso para imponer aranceles a productos de países que vendan o suministren petróleo al régimen cubano, una medida que elevó la presión energética sobre la Isla.
Para La Habana, las sanciones representan un nuevo golpe en medio de una crisis económica, energética y migratoria. Para la Casa Blanca, en cambio, constituyen una herramienta de presión para responsabilizar a un gobierno acusado de represión, corrupción y alianzas con actores hostiles.