El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) conformó un grupo de trabajo para examinar posibles imputaciones de cargos penales de índole federal contra funcionarios o entidades del Gobierno de Cuba, informó The Washington Post.
La iniciativa incluye la participación del Departamento del Tesoro y múltiples agencias federales. Su puesta en marcha representará un aumento significativo de la presión de la Administración de Donald Trump sobre el régimen castrista, que podría provocar nuevas sanciones.
La creación de este grupo de trabajo coincide con una reciente declaración del mandatario estadounidense sobre un cambio político en la Isla. “Cuba será la siguiente. Caerá bastante pronto”, aseguró en la Casa Blanca durante un acto con el equipo de fútbol ganador de la liga MLS, el Inter de Miami.
Ante políticos republicanos de Florida y empresarios próximos a la comunidad cubana en el exilio, Trump indicó que ha encargado al senador Marco Rubio el seguimiento de este asunto, aunque enfatizó que la atención principal por ahora se centra en otros frentes como Irán.
“Los que vinieron de Cuba van a regresar. No necesitarán mi aprobación. Simplemente volarán de regreso cuando quieran”, comentó el mandatario republicano en el encuentro, que también contó con la presencia del futbolista Lionel Messi.
Según lo revelado este día por dicho medio de comunicación, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, con amplia experiencia en casos contra altos funcionarios cubanos por supuestas irregularidades vinculadas al régimen de La Habana, coordinará el nuevo equipo de trabajo.
Aunque aún no se conocen detalles específicos sobre los posibles cargos que podrían presentarse, el movimiento de Washington refleja una estrategia similar a la utilizada contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dio como resultado su captura y traslado a una corte federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
En aquel caso, el DOJ elevó la recompensa por información para la detención de Maduro a 50 millones de dólares y justificó las acusaciones calificándolo como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
El anuncio del grupo de trabajo se da en medio de un contexto más amplio de tensiones entre Washington y La Habana, que incluye medidas adicionales como la suspensión del suministro de petróleo desde Venezuela a Cuba y la declaración por parte del gobierno estadounidense de que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional.
