La reciente disposición expresada por La Habana para discutir una compensación global a ciudadanos y empresas de Estados Unidos ha devuelto a primer plano una vieja deuda del régimen cubano: la confiscación masiva de propiedades sin una reparación efectiva.
El proceso, presentado como nacionalización, comenzó poco después de 1959. Primero, llegó la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de ese año. Luego, en 1960, la Ley 851 autorizó la nacionalización forzosa de propiedades estadounidenses.
Después vinieron las leyes 890 y 891, que ampliaron las confiscaciones a buena parte de la economía nacional. Finalmente, en 1968, la llamada Ofensiva Revolucionaria liquidó lo poco que quedaba del pequeño sector privado. El resultado fue una transformación total de la propiedad en Cuba por vía de la fuerza estatal.
Los grandes puertos, aeropuertos e infraestructuras expropiadas
Entre los casos más visibles sobresalen varias infraestructuras estratégicas que hoy siguen bajo litigio. Mickael Behn reclama derechos sobre instalaciones portuarias en La Habana que después fueron explotadas por el negocio de cruceros.
Javier García Bengochea ha mantenido reclamaciones por el puerto de Santiago de Cuba, uno de los más importantes de la Isla.
José Ramón López Regueiro sostiene ser heredero del aeropuerto de Rancho Boyeros, hoy Aeropuerto Internacional José Martí, así como de intereses vinculados a Cubana de Aviación, que pertenecieron a su padre antes de la confiscación.
A esa lista se suman otros activos de alto valor económico y logístico. Varias propiedades portuarias y de transporte quedaron bajo control estatal tras las nacionalizaciones de 1960.
También fueron absorbidas empresas ferroviarias, refinerías, compañías eléctricas y telefónicas. No se trató solo de confiscar negocios aislados. El régimen tomó el control de sectores completos de infraestructura, comunicaciones y energía, que eran piezas centrales de la economía cubana y también del capital extranjero asentado en el país.
Centrales azucareros, tierras y empresas privadas
El sector azucarero estuvo entre los más golpeados. Uno de los nombres más emblemáticos fue Julio Lobo, conocido como el “rey del azúcar”, a quien le confiscaron 14 ingenios y grandes extensiones cañeras.
Con esa ofensiva, el Estado pasó a controlar una parte decisiva de la principal industria de Cuba. También quedaron arrasadas grandes fortunas vinculadas al azúcar y al campo, en una operación que eliminó de golpe la propiedad privada en una actividad que sostenía buena parte de los ingresos nacionales.
La ofensiva incluyó, además, 36 centrales azucareros en manos de firmas estadounidenses. Pero no solo cayeron propiedades extranjeras. Miles de fincas y latifundios fueron absorbidos por el nuevo poder.
En el recuento histórico también sobresale el caso de la hacienda de la familia Sánchez Hill, vinculada a Santa Lucía Company SA, con 486 kilómetros cuadrados en Holguín, una de las mayores fincas azucareras de la Isla.
Aquellas confiscaciones afectaron tanto a grandes propietarios como a estructuras completas de producción agrícola.
Otra oleada clave llegó el 13 de octubre de 1960. Las leyes 890 y 891 nacionalizaron 382 grandes empresas, junto con la banca privada y buena parte del comercio y la industria moderna del país.
Entre los bienes absorbidos estuvieron bancos, fábricas, destilerías y grandes cadenas comerciales. Bacardí perdió sus activos en Cuba y debió trasladar su centro de operaciones fuera del país. El Estado también pasó a controlar una parte de la infraestructura productiva vinculada al ron y a otras industrias de consumo.
Viviendas, alquileres y pequeños negocios arrasados
La confiscación no se detuvo en las grandes empresas. La Ley de Reforma Urbana, publicada el 14 de octubre de 1960, eliminó el arrendamiento privado de inmuebles urbanos y colocó bajo control estatal el negocio del alquiler.
Esa norma transformó el mapa patrimonial de las ciudades cubanas. Miles de familias perdieron casas, edificios y la capacidad de administrar sus propios bienes. El golpe alcanzó tanto a grandes propietarios como a sectores medios que dependían de rentas urbanas.
En 1968, la Ofensiva Revolucionaria completó el cierre. Cerca de 58.000 pequeñas y microempresas desaparecieron. Fueron confiscadas barberías, cafeterías, talleres y comercios familiares. Con esa medida, el régimen acabó con casi todo vestigio de iniciativa privada en la economía cotidiana.
La dimensión oficial del conflicto en EEUU muestra parte de esa deuda. La Foreign Claims Settlement Commission certificó 5.911 reclamaciones compensables sobre Cuba por un valor principal de 1.851 millones de dólares.
Con intereses acumulados, la cifra ronda hoy los 9.000 millones. Pero ese cálculo no incluye a la mayoría de los cubanos expropiados, dentro y fuera de la Isla, que perdieron centrales, puertos, viviendas, negocios y empresas sin recibir nunca una compensación seria, transparente y verificable.
