Durante más de seis décadas, Raúl Castro Ruz ocupó posiciones decisivas dentro del aparato político y militar cubano. Fue comandante rebelde en Oriente, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante casi medio siglo, jefe de Estado entre 2006 y 2018 y primer secretario del Partido Comunista hasta 2021.
A sus 95 años, su historial vuelve a estar bajo escrutinio por una razón inédita: desde 2026 enfrenta una acusación penal formal en Estados Unidos que incluye cuatro cargos de asesinato.
Pero alrededor del hermano menor de Fidel Castro existe además un expediente histórico mucho más extenso, que incluye fusilamientos realizados inmediatamente después del triunfo revolucionario, procesos sumarios, represión política y muertes atribuidas a organismos subordinados al Estado cubano.
No todas esas acusaciones tienen el mismo peso jurídico. Algunas están respaldadas por documentos contemporáneos y archivos diplomáticos; otras proceden de investigaciones de organizaciones de derechos humanos; y en el caso de Hermanos al Rescate existe actualmente una imputación de un gran jurado federal.
Raúl Castro no ha sido condenado judicialmente por los fusilamientos de 1959 ni por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
Los fusilamientos de Santiago de Cuba en enero de 1959
Uno de los episodios más antiguos vinculados directamente con Raúl Castro ocurrió apenas días después de la huida de Fulgencio Batista.
Un despacho del Consulado de Estados Unidos en Santiago de Cuba, fechado el 14 de enero de 1959 y actualmente conservado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado, dejó constancia de que 70 personas habían sido fusiladas en Santiago el 12 de enero. Los procesos se realizaban bajo el denominado Código Revolucionario de Justicia del Segundo Frente, estructura asociada expresamente a Raúl Castro.
El informe diplomático advertía que circulaban versiones según las cuales no todos los acusados habían recibido un consejo de guerra completo y que, en determinados casos, las formalidades se habrían reducido prácticamente a dictar sentencia.
Al mismo tiempo, el documento señalaba que gran parte de los ejecutados pertenecían a cuerpos represivos del gobierno de Batista y habían sido acusados de asesinatos o torturas. La documentación estadounidense puede consultarse en el archivo histórico del Departamento de Estado de EEUU.
La revista TIME, que cubrió los acontecimientos en el momento en que estaban ocurriendo, fue todavía más explícita. En su edición del 26 de enero de 1959 afirmó que las ejecuciones realizadas en Santiago se encontraban bajo el “mando personal” de Raúl Castro y describió pelotones que trabajaban durante horas junto a una fosa abierta en el campo de tiro cercano a la Loma de San Juan.
TIME contabilizó 70 muertos al mediodía y describió unos tribunales en los que los rebeldes desempeñaban las funciones de acusación, defensa y jueces, con sentencias rápidamente ejecutadas.
Archivo Cuba atribuye a Raúl Castro 140 fusilamientos en enero de 1959
Una investigación publicada en marzo de 2026 por la organización Archivo Cuba profundizó en aquellos primeros días del nuevo régimen. El documento, sobre el cual Periódico Cubano informó anteriormente, sostiene que Raúl Castro estuvo al mando de la provincia de Oriente desde principios de enero hasta aproximadamente mediados de febrero de 1959.
Según esa investigación, Castro habría ordenado durante enero el fusilamiento de 140 hombres sin las garantías de un debido proceso. Esta cifra corresponde a la investigación de Archivo Cuba y no a una sentencia judicial.
El caso más conocido es el de la Loma de San Juan. Archivo Cuba sostiene que un tribunal revolucionario había condenado inicialmente a muerte a cuatro hombres, pero atribuye a Raúl Castro una intervención posterior que habría extendido la ejecución a decenas de acusados adicionales. Finalmente, alrededor de 70 hombres fueron fusilados.
La existencia de la ejecución masiva está respaldada independientemente tanto por documentos diplomáticos estadounidenses como por la cobertura periodística de la época. Lo que continúa dependiendo de testimonios e investigaciones históricas es el grado exacto de intervención personal de Castro en cada sentencia.
La ejecución de Arnaldo Ochoa y otros tres militares
Treinta años después, el nombre de Raúl Castro volvió a aparecer en otro de los procesos judiciales más polémicos de la historia revolucionaria.
En 1989 fueron procesados el general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. Los cuatro terminaron ante el pelotón de fusilamiento el 13 de julio de ese año.
Raúl Castro, amigo de Ochoa y entonces ministro de las Fuerzas Armadas, tuvo un papel importante durante la purga. Ante el tribunal de honor militar presentó una dura acusación contra Ochoa y pidió un “castigo ejemplar”, según informaron en aquel momento medios internacionales.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron posteriormente las garantías del proceso y la rapidez con la que se produjo la ejecución. El tribunal militar fue quien formalmente dictó las condenas y el Consejo de Estado las ratificó, por lo que sería impreciso afirmar que Raúl Castro decidió individualmente las ejecuciones. Sí está documentada su intervención directa en el procedimiento político y militar que precedió al fusilamiento.
La historia del general y las circunstancias que rodearon su caída pueden consultarse en la biografía de Arnaldo Ochoa publicada por Periódico Cubano.
Hermanos al Rescate: cuatro cargos de asesinato contra Raúl Castro
El episodio que actualmente tiene mayor trascendencia judicial ocurrió el 24 de febrero de 1996. Ese día, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Las aeronaves formaban parte de una organización radicada en Miami que realizaba misiones para localizar y auxiliar a balseros cubanos en el Estrecho de Florida.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación federal contra Raúl Castro y otros cinco antiguos funcionarios y militares cubanos. Castro enfrenta un cargo de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, dos cargos relacionados con la destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
Según la acusación federal, agentes de inteligencia cubanos se infiltraron en Hermanos al Rescate y transmitieron información sobre sus operaciones. Los fiscales sostienen que esos datos fueron utilizados para preparar la operación y que los cazas actuaron dentro de una cadena de mando militar supervisada por Raúl Castro, quien entonces dirigía las Fuerzas Armadas.
El encausamiento de Raúl Castro fue anunciado oficialmente en mayo y convirtió un señalamiento mantenido durante tres décadas por familiares de las víctimas y autoridades estadounidenses en una acusación penal formal. Los detalles del ataque y los antecedentes de las víctimas pueden encontrarse en la reconstrucción de cómo ocurrió el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
El propio Departamento de Justicia recalca que una acusación no equivale a una condena y que todos los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los cargos no sean probados más allá de una duda razonable.
Represión política durante el gobierno de Raúl Castro
Cuando Fidel Castro enfermó en 2006, Raúl asumió de facto el control del país y en febrero de 2008 pasó oficialmente a ocupar la presidencia. Human Rights Watch documentó durante esos años la continuidad de las estructuras represivas construidas durante el gobierno de Fidel Castro.
Entre las prácticas registradas figuraban detenciones arbitrarias, procesos penales contra opositores, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y presiones para abandonar el país. En su informe sobre los acontecimientos de 2011, la organización sostuvo que el gobierno de Raúl Castro utilizaba detenciones de corta duración para impedir reuniones y manifestaciones de opositores.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional había registrado 2.074 detenciones arbitrarias durante 2010 y otras 2.224 solamente entre enero y agosto de 2011. Human Rights Watch también señaló que durante 2012 el gobierno continuó utilizando detenciones, golpizas, actos públicos de repudio, restricciones para viajar y exilio forzado con el objetivo de imponer conformidad política.
Estas denuncias documentan prácticas realizadas por instituciones del Estado durante la administración de Raúl Castro, pero no significan que exista prueba de que el mandatario ordenara personalmente cada detención o agresión.
Más de 1.000 muertes y desapariciones atribuidas al Estado desde que asumió el poder
Archivo Cuba sostiene que entre el 31 de julio de 2006, cuando Raúl asumió el mando tras la enfermedad de Fidel, y el 15 de marzo de 2026 documentó 1.002 muertes y desapariciones que atribuye al Estado cubano por razones políticas.
El conteo incluye, según la organización, 134 ejecuciones extrajudiciales, seis desapariciones forzosas, 19 muertes durante huelgas de hambre bajo custodia, 261 fallecimientos relacionados con negación de atención médica o condiciones médicas durante el encarcelamiento, 116 suicidios bajo custodia o considerados de carácter político y 365 muertes durante intentos de abandonar Cuba. Periódico Cubano examinó previamente las cifras de esta investigación.
Un historial que ahora también se discute ante la justicia estadounidense
Durante décadas, las acusaciones contra Raúl Castro pertenecieron principalmente al terreno de la investigación histórica, los testimonios de víctimas y los informes sobre derechos humanos. El proceso abierto en Estados Unidos por Hermanos al Rescate modificó parcialmente esa situación.
Por primera vez, un gran jurado federal ha colocado formalmente su nombre en una acusación que incluye asesinato. Está documentado que Raúl Castro comandaba Oriente cuando se produjeron los fusilamientos masivos de enero de 1959; que la prensa contemporánea situó aquellas ejecuciones bajo su mando; que desempeñó un papel destacado en el proceso contra Arnaldo Ochoa; y que durante su gobierno organismos internacionales registraron sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos.
Ahora, además, fiscales estadounidenses sostienen ante un tribunal que estuvo involucrado penalmente en una operación militar que causó la muerte de cuatro civiles en 1996. Si algún día Raúl Castro comparece ante la justicia estadounidense, será esa acusación (y no simplemente el juicio de la historia) la que deberá determinarse mediante pruebas ante un tribunal.
