Exigen a Michelle Bachelet una denuncia pública contra las violaciones de derechos humanos en Cuba

Michelle Bachelet aún no ha expresado una denuncia pública contra la represión del régimen castrista (Foto: Michelle Bachelet – Facebook)

Diversas organizaciones solicitaron a Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una denuncia pública contra las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

“Su condena pública sigue siendo de vital importancia para proteger los derechos de los cubanos y aumentar la atención internacional sobre la inaceptable represión en el país. Instamos a su oficina a hablar más abiertamente sobre la situación en Cuba y permanecemos a su disposición para discutir las condiciones del país”, indica la misiva.

En el documento se menciona que el régimen castrista mantiene una represión sistemática hacia todas las formas de disidencia, mientras la mayoría de las familias en la Isla viven una crítica situación económica.

Las organizaciones recordaron a la expresidenta chilena, los cientos de prisioneros políticos en las cárceles del gobierno comunista, como el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez, “El Osorbo”.

La carta también aborda el caso de los cubanos detenidos por participar en las protestas masivas del pasado 11 de julio, quienes han sido incomunicados de sus familias y decenas de ellos recibieron condenas a través de juicios sumarios, en los que no tuvieron la oportunidad de contar con una representación legal.

“Los fiscales los acusaron con frecuencia de cometer delitos vagamente definidos, como desórdenes públicos, basándose únicamente en declaraciones de testigos de agentes de policía”, precisa la misiva.

Las organizaciones también denuncian que los manifestantes detenidos son víctimas de diversos maltratos como privación del sueño, brutales golpizas, encierros en celdas de castigo y constantes amenazas.

«Desde noviembre, las autoridades cubanas han llevado a cabo los llamados juicios ordinarios contra los manifestantes, condenando a docenas a hasta 30 años de prisión», indican los firmantes.

En la carta se detalla la aplicación de normativas como el Decreto Ley 35 para restringir la libertad de expresión en las redes sociales y se denuncia el futuro código penal, que incluiría una condena de hasta 10 años de cárcel a quienes reciban fondos del extranjero, una cuestión que afectaría la labor de activistas.

Asimismo, se recuerda el arresto domiciliario contra varios activistas y el exilio forzado aplicado a periodistas independientes.

El documento se encuentra firmado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto de Raza e Igualdad y ARTÍCULO 19.

La petición también está respaldada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la asesoría legal Cubalex y Prisoners Defenders.