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Una jueza de apenas 32 años se ha convertido en una de las figuras clave del sistema judicial venezolano, señalado por organismos de derechos humanos como un instrumento de represión política. Se trata de Alejandra Romero Castillo, hija de un militar chavista, quien encabeza un tribunal denominado “antiterrorista”.
Según la información dada a conocer por el periodista cubano Mario Vallejo, la joven no cuenta con una trayectoria pública conocida dentro del Poder Judicial ni con antecedentes académicos o profesionales verificables que respalden su rápido ascenso.
Tampoco existen registros de concursos, evaluaciones o procesos abiertos que expliquen su designación. Sus credenciales son ser hija del general Jorge Alejandro Romero Castillo, vinculado a la estructura militar del chavismo, y estar dispuesta a dictar condenas de hasta 30 años de prisión contra opositores y personas consideradas adversas al poder.
De acuerdo con Vallejo, Romero Castillo ha participado en procesos que organizaciones independientes califican como juicios exprés, sin garantías mínimas para los acusados. Uno de los casos más recientes y notorios fue la sentencia de 30 años de cárcel contra Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien hoy se encuentra en el exilio en España tras el fraude que le quitó la victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024.
El proceso se desarrolló de forma acelerada, incluyó audiencias virtuales, periodos de desaparición forzada y severas limitaciones al derecho a la defensa, según denuncias públicas.
Registros de defensores de derechos humanos indican que al menos 43 presos políticos han sido procesados por este tribunal, y 13 de ellos ya han recibido la pena máxima. Estas cifras refuerzan las denuncias sobre el uso sistemático de la figura del “terrorismo” para criminalizar la disidencia y enviar un mensaje de intimidación a la sociedad.
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Para activistas y observadores internacionales, lo que ocurre en este tribunal no responde a la búsqueda de justicia, sino a una estrategia de control político. La figura de Alejandra Romero Castillo se ha convertido así en símbolo de un modelo judicial orientado a castigar la oposición y a sembrar temor mediante sentencias ejemplarizantes.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro, la represión política se ha consolidado como una herramienta sistemática para silenciar la disidencia y mantenerse en el poder. Organismos de seguridad del Estado han sido señalados de ejecutar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y procesos judiciales sin garantías contra opositores, activistas, periodistas y ciudadanos críticos del gobierno.
El uso de tribunales y leyes penales con fines políticos, así como la criminalización de la protesta y la censura, han generado un clima de miedo y persecución que vulnera derechos fundamentales y ha obligado a miles de venezolanos a exiliarse o huir del país en busca de protección.
