El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, disfruta de una vida de lujos en Colombia, gracias al asilo político otorgado por el izquierdista Gustavo Petro, mientras en la nación centroamericana tiene pendiente una condena por corrupción.
Martinelli, presidente de Panamá en el periodo 2009-2014, fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por desviar más de 40 millones de dólares de fondos públicos, utilizados para adquirir acciones en la editorial Epasa, propietaria de varios medios de comunicación en su nación.
En lugar de estar en una celda, el expresidente aparenta estar en nueva vida sin las consecuencias de su pasado corrupto. En redes sociales han aparecido videos en los que aparece relajado y sonriente en un lujoso yate en Cartagena de Indias.
En las imágenes, también se observa un jacuzzi de la embarcación, donde posiblemente, en más de una ocasión, Martinelli Berrocal ha disfrutado de su liberación desde su llegada a Colombia en mayo pasado.
El expresidente aplicó una de las acciones más comunes para evitar el arresto tras conocer su condena: refugiarse en una embajada. Su perfil de delincuente encajó para entrar a la sede diplomática del gobierno nicaragüense.
Durante tres meses estuvo bajo el cobijo del dictador socialista Daniel Ortega. Luego, gracias a un salvoconducto del gobierno panameño, pudo salir con dirección a territorio colombiano.
La solicitud de asilo fue argumentada por la defensa de Martinelli como una medida para protegerlo de una persecución política, una afirmación que no ha logrado calar en los sectores que critican las irregularidades en su gobierno y las acusaciones de corrupción.
El otorgamiento de asilo político a Martinelli ha generado reacciones mixtas tanto dentro de Panamá como a nivel internacional. Organizaciones como Transparency International han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de compromiso de Colombia en la lucha contra la corrupción, ya que proteger a un expresidente condenado por corrupción podría minar los esfuerzos anticorrupción en la región.
A nivel local, el gobierno de Panamá ha rechazado solicitudes de Interpol para emitir una alerta roja contra Martinelli, argumentando que está prohibido perseguir a refugiados y solicitantes de asilo político.
Este hecho se inscribe en una preocupante tendencia de gobiernos de izquierda que, lejos de fomentar la justicia, optan por proteger a delincuentes. La situación de Martinelli recuerda casos similares en América Latina, como el de Evo Morales, quien recibió asilo en México tras su renuncia en 2019.
En Cuba, otro régimen de izquierda, se han registrado múltiples acciones de protección a figuras vinculadas a actividades ilícitas, lo que refuerza la percepción de que algunos gobiernos priorizan las relaciones ideológicas por encima de la justicia.
