El régimen cubano ha decidido no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez como represalia por su solidaridad con una protesta popular contra los apagones en La Habana.
Ramírez, quien pertenece a la Congregación de la Misión, tocó las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio de Santos Suárez, en apoyo a los vecinos que llevaban más de 12 horas sin electricidad.
A raíz de este acto, el sacerdote será obligado a abandonar Cuba y regresar a México este jueves, según confirmaron fuentes eclesiásticas a Martí Noticias. El incidente ocurrió durante una serie de protestas que estallaron en La Habana entre la noche del lunes y la madrugada del martes, en respuesta a los prolongados apagones que sufren los habitantes de la capital.
Los residentes de Santos Suárez, como parte de su manifestación, hicieron sonar las campanas del templo mientras simultáneamente se escuchaban cacerolazos en otras zonas de la ciudad. Aunque la funcionaria Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, evitó referirse directamente a la expulsión de Ramírez, confirmó que su residencia no será renovada, lo que implica su salida forzosa del país.
Fuentes dentro de la Iglesia informaron que agentes de la Seguridad del Estado presionaron al sacerdote para que abandonara la isla, ante lo cual el religioso deberá regresar a México en los próximos días.
Esta decisión se enmarca dentro de un clima de creciente fricción entre el régimen cubano y la Iglesia católica, que ha sido crítica con las políticas gubernamentales y las condiciones que atraviesa el país. Varios sacerdotes, como Lester Zayas, Alberto Reyes y José Conrado Rodríguez, así como otras figuras religiosas, han expresado públicamente su preocupación por la crisis nacional y la falta de libertades.
Este no es el primer caso de represalia por parte del régimen contra miembros de la Iglesia. En 2022, el sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, fue expulsado por sus críticas al gobierno.
Asimismo, Caridad Diego ha sido señalada como responsable de una práctica sistemática de control sobre sacerdotes y laicos, utilizando la renovación de visas y residencias como mecanismo de presión para silenciar las voces disidentes dentro de la Iglesia.
El incidente con el sacerdote Ramírez se produjo en medio de una ola de protestas masivas en La Habana y otras ciudades del país, como Guantánamo, donde los ciudadanos se enfrentaron a la escasez de alimentos, medicinas y a los cortes de electricidad.
Según el Observatorio Cubano de Conflictos, noviembre de 2025 cerró con un total de 1.326 protestas, la cifra más alta registrada por la organización en los últimos años. Las protestas fueron acompañadas de bloqueos de calles y denuncias de cortes de internet en zonas de concentración, una práctica habitual del régimen cubano ante manifestaciones de descontento.
