El Gobierno de España ha reconocido que trabajadores contratados mediante la empresa estatal cubana Palco tienen acceso a documentación y sistemas informáticos del Consulado General de España en La Habana, una institución encargada de tramitar miles de solicitudes de nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
La admisión figura en una respuesta parlamentaria del 23 de septiembre de 2026, divulgada este jueves por el periódico español Vozpópuli. Aunque el Ejecutivo asegura que existen mecanismos para proteger la información, no especifica qué documentos pueden consultar esos empleados ni el alcance de sus permisos.
La revelación afecta especialmente a los cubanos que han presentado expedientes de nacionalidad española, pues estos procedimientos requieren entregar partidas de nacimiento, documentos de identidad, certificados familiares y otros datos personales.
¿Qué acceso tienen los trabajadores de Palco a los expedientes de nacionalidad española?
La información salió a la luz después de que el diputado del Partido Popular Pedro Muñoz Abrines registrara, el 9 de julio, una pregunta escrita al Gobierno sobre el contrato de suministro de personal del Consulado español. La iniciativa parlamentaria, identificada con el número 184/041698, quedó concluida el 23 de septiembre.
En su contestación, el Ejecutivo explicó que los trabajadores proporcionados por Palco realizan funciones administrativas, técnicas y auxiliares bajo la dirección y supervisión de las autoridades consulares españolas.
También aseguró que no ejercen competencias reservadas a funcionarios públicos españoles ni participan en las decisiones sobre expedientes del Registro Civil, pasaportes o visados.
Sin embargo, al referirse al manejo de información, el Gobierno reconoció que los accesos a documentación y sistemas informáticos se encuentran limitados a las necesidades del servicio y sometidos a mecanismos de autorización, supervisión y trazabilidad.
Esto confirma que determinados empleados suministrados por la compañía cubana pueden acceder a información consular, aunque no significa que todos tengan los mismos permisos ni que puedan consultar la totalidad de los expedientes.
El Ejecutivo afirma que están sujetos a obligaciones de confidencialidad y protección de datos. No obstante, según la investigación de Vozpópuli, el contrato examinado carece de cláusulas específicas sobre esas materias, mientras que la respuesta parlamentaria tampoco identifica los documentos adicionales donde estarían recogidas las garantías.
La ausencia de cláusulas expresas no demuestra por sí sola una infracción de la legislación española, pero deja sin aclarar cómo se regulan y verifican los permisos de acceso.
España paga más de 1,3 millones de euros a Palco por trabajadores para su Consulado y Embajada
El contrato destinado al Consulado General de España en La Habana, correspondiente al expediente 2024SWs00114, tiene un importe de 1.131.295,68 euros y cubre el periodo de 2025 a 2028.
La relación económica no se limita a esa sede. Como reveló anteriormente una investigación sobre el segundo contrato español con Palco, la empresa estatal también recibió 242.743,48 euros para suministrar trabajadores a la Embajada de España.
En conjunto, ambas adjudicaciones ascienden a 1.374.039,16 euros. En los dos procedimientos la compañía cubana fue la única licitadora.
El Gobierno de Pedro Sánchez justifica esta contratación mediante la legislación laboral de Cuba, que exige a las representaciones diplomáticas y consulares recurrir a entidades empleadoras autorizadas para incorporar personal local. Según Madrid, este mecanismo se utiliza desde 2017.
Palco funciona como intermediaria en la contratación, mientras que las autoridades españolas dirigen el trabajo dentro de sus instalaciones.
La relación ya había provocado cuestionamientos públicos. En agosto, una asociación española solicitó revisar y anular el contrato consular con Palco por sus posibles implicaciones en la gestión de expedientes de nacionalidad.
La documentación examinada no acredita que Palco haya extraído datos personales, realizado consultas indebidas o transferido información a las autoridades cubanas. Tampoco demuestra que esas situaciones hayan ocurrido.
¿Qué consecuencias tiene esta revelación para los cubanos que solicitaron la Ley de Nietos?
La controversia aparece en un momento especialmente sensible para los solicitantes de ciudadanía española. El Consulado en La Habana acumula cientos de miles de trámites vinculados a la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo de presentación finalizó en octubre de 2025, aunque continúan procesándose expedientes iniciados dentro del periodo permitido.
Las dificultades administrativas ya habían obligado a introducir cambios, incluido un sistema digital para organizar las solicitudes de nacionalidad.
Posteriormente, las autoridades consulares anunciaron una ampliación de la capacidad semanal para recibir expedientes de cubanos, como parte de los esfuerzos para aliviar la acumulación de trámites.
La situación también coincide con otras controversias judiciales. El pasado 14 de octubre trascendió una denuncia contra varios cónsules españoles por presuntas irregularidades relacionadas con la Ley de Nietos, entre ellos el responsable de La Habana. Esa denuncia constituye un procedimiento distinto y no acredita actuaciones indebidas de los trabajadores suministrados por Palco.
Por ahora, el reconocimiento del Gobierno español no modifica los derechos de los solicitantes ni supone la suspensión de sus expedientes.
La cuestión que permanece sin respuesta es qué categorías de datos personales pueden consultar los trabajadores contratados mediante la empresa cubana, qué permisos individuales tienen y cómo se comprueba que la información permanece protegida.
