La crisis energética cubana sumó este fin de semana una nueva víctima mortal, el liniero Osmani Rosales Núñez, trabajador de la Empresa Eléctrica de Cárdenas, quien perdió la vida durante su labor.
El trabajador de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) sufrió una descarga eléctrica mientras participaba en labores de reparación en una zona de ese municipio matancero, en medio de las constantes averías que afectan al sistema electroenergético nacional (SEN).
El accidente ocurrió en el área de Tenería, entre las calles Neptuno y Ceres. Inicialmente, reportes difundidos por medios locales indicaron que el operario había sido trasladado con vida al Policlínico Moncada y posteriormente remitido a un hospital de la ciudad.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Rosales tenía 39 años y residía en la propia ciudad de Cárdenas.
Testigos que presenciaron su ingreso al centro hospitalario señalaron que presentaba severas quemaduras provocadas por la descarga eléctrica, lo que reducía considerablemente sus posibilidades de supervivencia.
Su muerte vuelve a poner el foco sobre las condiciones en que trabajan los linieros y operadores encargados de sostener una red eléctrica cada vez más deteriorada.
Mientras los apagones se prolongan durante decenas de horas en buena parte del país, estos trabajadores son enviados constantemente a intervenir infraestructuras envejecidas, muchas veces bajo presión operativa y con recursos limitados.
El caso no es aislado. Durante septiembre de 2025, un trabajador de la Unión Eléctrica falleció electrocutado en el municipio de Bauta, en Artemisa, mientras realizaba labores vinculadas al servicio eléctrico.
Ese mismo mes, otro liniero sufrió una grave descarga en San Miguel del Padrón, en La Habana. Según reportaron entonces medios independientes, fueron los propios vecinos quienes improvisaron su rescate ante la demora de los servicios de emergencia.
Más recientemente, en febrero de 2026, un operario resultó con quemaduras de consideración y falleció después tras un accidente ocurrido en la central Renté, una de las instalaciones estratégicas para la distribución eléctrica en la capital.
Estos incidentes se suman a otros fallecimientos registrados en diferentes provincias durante los últimos años, reflejando los riesgos crecientes asociados al deterioro de la infraestructura energética nacional.
La tragedia ocurre además en un contexto de colapso del sistema eléctrico. Este sábado, la UNE informó una disponibilidad cercana a los 1.200 megavatios frente a una demanda que superaba los 2.500, situación que obligó a mantener extensos cortes de servicio en todo el país.
En territorios como Matanzas se han reportado apagones que sobrepasan las 60 horas consecutivas, mientras en municipios como Cárdenas las interrupciones han provocado protestas y crecientes muestras de inconformidad ciudadana.
Y es que el Estado no solo no es capaz de proveer un servicio básico digno para su población, sino que tampoco puede siquiera garantizar la seguridad de sus trabajadores.
Y es que entre los accidentes registrados, una denuncia permanece constante: la UNE no provee el equipamiento de seguridad necesario, y las fallas estructurales de sus plantas eléctricas, causadas por la falta de mantenimiento, es lo que ha llevado a fugas y explosiones que han resultado en muertes y lesiones.
La muerte de Rosales generó numerosas reacciones en redes sociales. Compañeros, amigos y vecinos destacaron su profesionalismo y lamentaron la pérdida de otro trabajador que formaba parte de la primera línea encargada de enfrentar las averías de un sistema eléctrico sometido a una presión constante y cada vez más difícil de sostener.
