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Familias sin viviendas ocupan ilegalmente inmuebles privados y del Estado en Santa Clara
Los afectados acuden a la policía, autoridades de viviendas y el gobierno, pero ninguno actúa y la impunidad sigue
Varias familias desesperadas por no contar con una casa donde vivir están ocupando ilegalmente inmuebles privados y del Estado en la ciudad de Santa Clara, con el objetivo de finalmente tener un techo para protegerse. Las partes afectadas, propietarios privados y entidades estatales se quejan ante la policía, las autoridades de viviendas y el gobierno, pero nadie hace nada.
Según un artículo publicado por el diario oficialista local Vanguardia, durante los últimos meses, familias con niños pequeños han ocupado ocho consultorios médicos, locales de instituciones estatales como el Inder y los CDR, así como varias casas particulares.
De acuerdo con un testimonio de Margarita Martínez Abreu, a quien le ocuparon la casa sin habitar, propiedad de su hija, “entraron el sábado 28 de mayo, debajo de un aguacero. La abuela de mi yerno me avisó de que había personas extrañas. Cuando llegué, no me permitieron pasar. En el interior de la vivienda se encontraba una muchacha con un niño de un año y medio, más o menos, y afuera estaba otra, embarazada”.
Al acudir a la policía la “pelotearon” para la Dirección Municipal de Vivienda, al parecer los oficiales de la PNR solo responden cuando se trata de un acto contrarrevolucionario.
“Fui a la Tercera Unidad de la Policía, con la propiedad en la mano, para dar cuenta de lo sucedido, y me explicaron que ellos no podían proceder en estos asuntos, que debía presentarme el lunes en la Dirección Municipal de Vivienda, para que el director y la asesora jurídica vinieran”, añadió Martínez Abreu.
Misma situación afectó a María Emilia Garricks Barroso, quien durante casi dos meses batalló con ocupante ilegales en casa de una amiga que cuidó hasta su muerte. Al intentar entrar a la casa con la llave desde el interior “una muchacha con un niño cargado de un año y medio o dos, y madre de otro de 11 o 12” le indicaron que no podía acceder, pues ya ellas estaban viviendo ahí.
“Inmediatamente, llamé a un amigo y fuimos para la Unidad de la Policía. Allí estuvimos muchísimo tiempo, me tomaron datos y tuve que hacer un inventario de memoria sobre lo que había en la casa. Me dijeron: ‘Esta denuncia tiene que ser en la Dirección Municipal de Vivienda, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso’”, comentó Garricks Barroso.
La ocupante de la vivienda, que dice estar embarazada otra vez, señala que si los dueños (hijos de la señora que falleció que están en el extranjero) vienen a reclamar, vivirán los tres juntos, porque ella solo se moverá cuando el director municipal de Vivienda le dé una casa.
El intendente de la capital provincial, Eduardo Andrés Román Duarte, indica al diario Vanguardia que “se trata de ciudadanos con una situación habitacional crítica, provenientes de familias disfuncionales o que no tienen una dirección oficial, porque viven alquilados”.
Para resolver los casos, se crea una “Comisión de Enfrentamiento” que de conjunto con las autoridades de la vivienda tratan de persuadir a los ocupantes y finalmente, si no resulta, emiten una recomendación al Minint para que se produzca el desalojo forzoso. Toda esa burocracia es un dolor de cabeza para los afectados.
La raíz del problema está en la incapacidad del régimen castrista de cumplir con los planes de construcción de viviendas, ya que dedican todos los recursos del presupuesto público, un dinero que es de todos los cubanos, para construir hoteles que luego administran los militares de GAESA sin dar cuentas a nadie.