El fiscal de Argentina, Carlos Stornelli, presentó ante la Justicia federal un pedido formal para que se inicien los trámites de extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde Estados Unidos a Argentina, informó NTN 24.
La solicitud tiene como objetivo que el exmandatario venezolano sea detenido, indagado y sometido a proceso por presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas en su país.
Esta petición se basa en una causa abierta en tribunales argentinos desde 2023 y ha ganado renovado impulso tras la detención del chavista por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas.
Stornelli, quien está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, presentó su escrito ante el Juzgado Federal N.º 2, encabezado por el juez Sebastián Ramos, pidiendo el “procedimiento de extradición activa”.
El caso argentino se originó a partir de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD), una organización impulsada por el legislador Waldo Wolff.
La denuncia incluye testimonios de venezolanos perseguidos, torturados y víctimas de detenciones arbitrarias y otros abusos que reflejan un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen chavista.
Esta causa ya había logrado que la Cámara Federal ordenara la “inmediata detención” de Maduro, además de que se notificara a Interpol para gestionar una alerta roja internacional, aunque el exmandatario no fue arrestado en ese momento.
El caso en Argentina no solo involucra a Maduro, sino también a Diosdado Cabello, considerado uno de los principales líderes del chavismo. En la misma decisión judicial de septiembre de 2024, la Cámara Federal convocó a ambos a declarar por delitos de lesa humanidad.
La solicitud de extradición se suma a otras iniciativas internacionales basadas en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país juzgar crímenes de extrema gravedad, como los crímenes de lesa humanidad, sin importar dónde se hayan cometido.
Maduro enfrenta un proceso judicial en New York, donde se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, entre otras acusaciones.
En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York, el exmandatario proclamó su inocencia, asegurando que sigue siendo el presidente de Venezuela y denunciando haber sido “secuestrado” durante su detención. Su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos similares, también se declaró inocente.
Además, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en una conferencia de prensa en la Estación Aérea de la Guardia Costera en Clearwater que su administración está evaluando la posibilidad de presentar cargos estatales contra Maduro.
El gobernador sostuvo que, según su criterio, el chavista habría estado “muy implicado en traer drogas, particularmente a Florida” y también facilitado la salida de presos de Venezuela hacia EEUU, acusaciones que, según DeSantis, ameritan una investigación bajo las leyes del estado.
El expresidente venezolano podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable de los cargos que se le imputan, según informó The New York Post. La legislación federal de EEUU contempla la pena capital en casos específicos de narcotráfico cuando los delitos están vinculados a una “empresa criminal continua”.
No obstante, expertos señalan que la aplicación de la pena de muerte en estos casos es poco frecuente. Este tipo de sanción se considera excepcional en los procesos judiciales relacionados con narcotráfico, especialmente cuando no existen homicidios directamente asociados con los acusados.
