El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reafirmó públicamente que su oficina está preparada para procesar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y ofreció colaborar con las autoridades federales de Estados Unidos de todas las maneras posibles para llevar el caso ante la justicia.
La declaración adquiere especial interés porque el exgobernante cubano permanece en la Isla, fuera del alcance inmediato de las autoridades estadounidenses. Aunque el fiscal no anunció ninguna operación para capturarlo, su disposición a respaldar al gobierno federal vuelve a colocar sobre la mesa una interrogante: ¿podría Estados Unidos intentar una extracción para llevarlo ante un tribunal, como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela?
Por ahora no existen pruebas públicas de que Washington esté preparando una operación de ese tipo contra Castro. Sin embargo, los procesos penales abiertos y la cooperación entre fiscales estatales y federales mantienen vigente la intención de conseguir su comparecencia judicial.
Fiscal de Florida asegura que tiene las pruebas y está listo para procesar a Raúl Castro
En una publicación de X, Uthmeier defendió la solidez del expediente penal presentado por las autoridades de Florida y rechazó las críticas de quienes consideran que la acusación responde a motivaciones políticas.
“Nuestros cargos han sido presentados, la evidencia reunida, y estamos listos para procesar un caso contra el dictador comunista por ordenar el asesinato de cuatro hombres de Florida”, manifestó el fiscal, según la traducción de su mensaje.
A continuación, hizo una declaración especialmente significativa por la participación que podrían tener las agencias nacionales estadounidenses en cualquier intento de poner al acusado bajo custodia.
“Estamos listos para apoyar a nuestros socios federales en todas las formas posibles mientras impulsamos una Cuba libre y trabajamos de la mano para buscar justicia y el estado de derecho”, agregó.
Last week, my opponent described our state murder charges and arrest warrant for Raul Castro as nothing but a “political smokescreen.”
This is wrong and offensive to Florida and our Cuban community that has waited 30 years for justice.
Our charges have been filed, evidence assembled, and we are ready to prosecute a case against the communist dictator for ordering the murder of four Florida men.
We stand ready to support our federal partners in all ways as we push for a free Cuba and work hand-in-hand to seek justice and rule of law.
Describing this regime as anything other than a dictatorship is wrong and disqualifying.
— James Uthmeier (@JamesUthmeierFL) October 27, 2026
El mensaje respondió a las críticas de su adversario electoral, José Javier Rodríguez, quien había cuestionado las circunstancias políticas del anuncio de los nuevos cargos estatales. Uthmeier rechazó que el procedimiento constituya una simple maniobra electoral y consideró ofensiva esa interpretación para los familiares de las víctimas y la comunidad cubana de Florida.
La declaración representa una nueva defensa pública del caso, aunque no supone la presentación de cargos adicionales ni confirma cambios en los procedimientos para ejecutar la orden de arresto.
El 19 de octubre, Uthmeier anunció que Florida había conseguido una orden estatal de arresto contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado.
En esa comparecencia reconoció las dificultades para conseguir que Castro se presente voluntariamente ante un tribunal estadounidense. También explicó que las autoridades de Florida no controlan los asuntos diplomáticos, militares ni de seguridad nacional, competencias que corresponden al gobierno federal.
¿Podría la colaboración federal incluir una operación de extracción?
La pregunta surge por la diferencia entre disponer de una acusación penal y conseguir la presencia física del acusado. Los fiscales pueden investigar, reunir pruebas y solicitar órdenes judiciales, pero no tienen autoridad por sí solos para organizar operaciones militares en territorio extranjero.
Una eventual actuación de esa naturaleza requeriría decisiones de las autoridades federales competentes y plantearía importantes cuestiones de derecho estadounidense e internacional.
El antecedente más llamativo es la captura de Nicolás Maduro, realizada por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026. El propio Departamento de Justicia confirmó posteriormente que la captura de Maduro requirió meses de planificación y coordinación entre distintas dependencias federales, con participación de organismos policiales y militares.
Ese precedente demuestra que Estados Unidos ha recurrido a una operación extraordinaria para trasladar ante sus tribunales a un gobernante extranjero acusado penalmente.
No obstante, sería incorrecto interpretar automáticamente las palabras de Uthmeier como una señal de que se prepara una actuación equivalente en Cuba. La colaboración ofrecida también puede referirse a intercambio de pruebas, coordinación entre fiscales, asistencia investigativa o procedimientos internacionales de detención y extradición.
Además, una operación militar en Cuba tendría implicaciones diplomáticas, jurídicas y de seguridad propias que no pueden equipararse sin más con las circunstancias de Venezuela.
La posibilidad hipotética de una extracción ya había sido examinada por Periódico Cubano al analizar las distintas vías para conseguir la comparecencia de Raúl Castro ante un tribunal estadounidense.
Dos procesos judiciales abiertos y un obstáculo: Raúl Castro permanece en Cuba
El expresidente cubano enfrenta dos procedimientos penales relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de la organización humanitaria fundada en Miami para auxiliar a cubanos que escapaban de la Isla por mar.
El Departamento de Justicia presentó en mayo de 2026 una acusación federal contra Castro y otros cinco implicados por su presunta participación en los hechos.
Posteriormente, Florida impulsó su propio procedimiento, sustentado en una investigación sobre actividades de espionaje desarrolladas parcialmente en ese estado para facilitar el ataque.
Ambos expedientes pueden avanzar de forma independiente, aunque comparten antecedentes y elementos probatorios. La coordinación entre autoridades estatales y federales tampoco es nueva: ya había sido reconocida durante la presentación de los cargos.
Existe además un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos firmado en 1904, pero su artículo V no obliga a los países a entregar a sus propios ciudadanos. Las dificultades políticas para obtener la cooperación de La Habana constituyen otro obstáculo.
Una detención en un tercer país también dependería de las leyes y los acuerdos internacionales aplicables. La existencia de una orden estadounidense no garantiza automáticamente que otras autoridades deban ejecutarla.
Así, las palabras de Uthmeier dejan clara la disposición de Florida a continuar el proceso y respaldar actuaciones federales, pero no revelan cuál será el siguiente movimiento de Washington.
La pregunta sobre una posible captura sigue abierta. Por ahora, lo comprobable es que los fiscales mantienen su intención de llevar a Raúl Castro ante la justicia, mientras el exmandatario permanece en Cuba sin haber comparecido por estos cargos.
