Aunque Estados Unidos le ofrece la oportunidad, obviamente el expresidente cubano Raúl Castro no se va a presentar para comparecer ante una corte federal en Miami tras la emisión de cargos en su contra por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
El fiscal interino de EEUU, Todd Blanche, aseguró que el exmandatario comunista tiene esta opción a causa de su orden de arresto por ser sospechoso de conspiración para asesinar estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio por dicho hecho ocurrido en febrero de 1996.
“Se emitió una orden de arresto en su contra. Así que esperamos que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”, dijo el también secretario interino del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
El descarte de esta primera opción no estanca el proceso judicial. El funcionario recordó en el evento celebrado ayer en la Torre de la Libertad en Miami que el gobierno federal presenta cargos contra personas fuera del territorio estadounidense “todo el tiempo” y utiliza distintas vías para llevarlas ante los tribunales.
Otra opción es el marco bilateral, pero el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no va a entregar a su verdadero jefe. De hecho, en un comunicado rechazó la acusación indicando que no tiene sustento jurídico.
El tratado de extradición entre EEUU y Cuba, firmado en 1904 y proclamado en 1905, contempla la entrega de fugitivos acusados o condenados por determinados delitos, incluido el asesinato. No obstante, su artículo V establece que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos.
Como el fiscal interino reiteró en el evento que “no se trata de una acusación meramente simbólica”, probablemente el siguiente paso tras la acusación podría ser una extracción como ocurrió con el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien previamente había sido acusado de tráfico de drogas a EEUU, hasta había una recompensa por su entrega.
La administración de Donald Trump dio señales de esta opción al anunciarse el ingreso al Caribe del portaaviones nuclear USS Nimitz. Con unos 332 metros de longitud y capacidad para operar entre 70 y 90 aeronaves, esta embarcación funciona como una poderosa base aérea flotante.
Su componente aéreo suele incluir cazas F/A-18 Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye y helicópteros MH-60 Seahawk, lo que le permite ejecutar misiones de combate, vigilancia y apoyo operativo a gran escala.
Por lo general, no se desplaza de forma aislada. Opera dentro de un grupo de combate naval integrado por destructores lanzamisiles, en ocasiones un crucero, un submarino nuclear de ataque y buques de reabastecimiento. Esta escolta le brinda protección antiaérea y antisubmarina, además de respaldo logístico, lo que le permite mantener operaciones prolongadas en cualquier océano del mundo.
Antes de la llegada del portaaviones, ya se había informado sobre un supuesto cambio de estrategia hacia Cuba por parte de la administración de Trump. Al no verse resultados ante la presión económica y sanciones, fuentes anónimas de Político indicaron que en la Casa Blanca ya se habla sobre una acción militar hacia Cuba.
Estas son las opciones para el hermano del fallecido dictador Fidel Castro, cuyo expediente sostiene que el 24 de febrero de 1996 tres aeronaves de dicha organización salieron del sur de Florida rumbo a Cuba y fueron derribadas por cazas del régimen, bajo una cadena de mando supervisada por el expresidente comunista.
Las aeronaves fueron destruidas sin aviso fuera del territorio cubano, según la versión de la Fiscalía estadounidense. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, identificados por el DOJ como tres ciudadanos de EEUU y un residente permanente.
Además de Castro, también enfrentan dichas acusaciones los pilotos involucrados en el derribo: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
