Fiscalía de Holguín pide 30 años de prisión para cuatro manifestantes del 11J

Según las conclusiones provisionales de la fiscalía, los encausados se manifestaron de forma violenta. (Foto de referencia: Revista Alma Mater-Facebook)

La Fiscalía Provincial de Holguín ha pedido penas de 30 años de prisión para cuatro manifestantes del pasado 11 de julio. Los cubanos Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Yosvani Russel García Caso, que se sumaron al levantamiento social del llamado 11J, enfrentan condenas extremas por su participación.

Sobre Yosvani Russel García Caso, un obrero padre de tres niños, su esposa Mailin Rodríguez Sánchez dijo a Radio Televisión Martí que “él se incorporó a la marcha que se regó por todo Holguín. Al cuarto día, el 15, vinieron a buscarlo a la casa”.

García Caso protestó junto a un grupo de vecinos por la falta de fluido eléctrico en el reparto Alcides Pino, donde reside. Las autoridades lo acusan de que los incitó a lanzar piedras contra locales estatales.

“Él nunca convocó a nadie en la cuadra. Es mentira, ni siquiera se sabe cuándo fue realmente porque aquí se va la luz todos los días. Si hubiera ocurrido de verdad se lo hubieran llevado preso en el mismo momento”, declaró la esposa.

La Fiscalía holguinera también solicitó 28 años de prisión para Mario Josué Prieto Ricardo y Maykel Rodríguez del Campo, 27 para Jessica Lisbeth Torres Calvo, 25 para Cruz García Domínguez, Miguel Enrique Girón Velázquez y Yasmany Crespo Hernández, y para Yoirdan Revolta Leyva, 22 años de privación de la libertad.

Otros seis manifestantes tienen peticiones fiscales con penas de 18 años, y 15 años para otros cuatro. Todos están acusados del delito de “sedición”.

Según las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que el citado medio tuvo acceso, los encausados se manifestaron de forma violenta la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales.

Supuestamente habrían atacado sedes como los gobiernos provincial y municipal, el Ministerio del Interior y el Comité Provincial del Partido Comunista en la ciudad de Holguín, para “alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba”.

De acuerdo con los documentos, tenían la intención de “desestabilizar el proceso revolucionario y procurar la ruptura del orden y la tranquilidad ciudadana”, y “fueron convocados por algunos líderes contrarrevolucionarios de Cuba y el exterior no identificados en el proceso investigativo”.

También se les acusa de haber proferido insultos y consignas “contra los dirigentes del Estado y el Partido Comunista de Cuba”.

Rodríguez Sánchez afirma que todas las acusaciones son falsas y que aunque su esposo sí tiene contactos en Estados Unidos, son personas comunes que viven y trabajan allá, como cualquier cubano.

“Mentira. Mi esposo sí tiene amistades en Estados Unidos, pero son amigos que se criaron juntos desde que nacieron y se fueron del país. Es una enorme injusticia. Le ponen también ahí que es un vago cuando lleva 12 años ejerciendo la soldadura, es un herrero. Mantiene una familia que somos cinco, nuestros hijos de 3, 5, y 13 años. Es un hombre bueno y están acabando con una familia”, expresó.

Otra víctima de las condenas desproporcionadas del régimen es Miguel Enrique Girón Velázquez, con petición fiscal de 25 años de cárcel y actualmente bajo prisión domiciliaria.

Su padre, Miguel Girón Labrada, denunció en un video realizado por Palenque Visión y publicado por CubaNet, que “es algo que no tiene sentido, que es antihumano, antiético, antiprofesional, antijurídico, anti todo”.

El hombre asegura que su hijo participó en las protestas del 11J por convicción propia, “sin que nadie le ordenara, por decisión propia, sin que nadie le pagara un dólar”.

Para Girón Labrada, su hijo y los miles de jóvenes que participaron en las protestas “solo piden una cosa: libertad para ese país, poder comprar en las tiendas en MLC que han inventado ellos y que no son para el pueblo”.

El gobierno de Cuba pide estas penas exageradas con la intención de deshacerse de sus opositores e intimidar a los que podrían levantarse en su contra eventualmente.

Al acusar la influencia de entidades externas, invalida las necesidades reales de su población, que por años ha enfrentado la escasez de productos y los servicios deficientes, verdadera causa del descontento social.