Florida se prepara para revisar las reglas que gobiernan las terapias de Análisis Conductual Aplicado (ABA), un sector multimillonario del que dependen miles de familias con niños con autismo y que se ha convertido también en una importante fuente de empleo para Registered Behavior Technicians (RBT), analistas de conducta y propietarios de agencias en el sur del estado.
La revisión puede tener especial impacto en Miami-Dade y Broward, donde el crecimiento de proveedores ABA ha sido particularmente intenso y donde numerosos inmigrantes cubanos trabajan como RBT o participan en pequeñas agencias dedicadas a estos servicios.
La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud de Florida (AHCA) creó este año un Applied Behavior Analysis Task Force encargado de estudiar posibles modificaciones a las políticas del programa Medicaid.
Entre los asuntos que deberá evaluar aparecen los controles sobre la duración de las terapias, posibles límites al número de meses durante los cuales Medicaid financia determinados servicios y cambios en las reglas de inscripción, autorización y facturación de proveedores.
La página oficial del ABA Task Force de Florida explica que sus recomendaciones estarán dirigidas a garantizar tratamientos clínicamente apropiados para los pacientes, pero también a conseguir que los gastos del programa Medicaid sean sostenibles y predecibles.
El grupo celebró su primera reunión el 12 de agosto y tiene una nueva sesión programada para el 31 de agosto, una fecha que los trabajadores y propietarios de agencias deberían seguir de cerca.
Florida gastó $6.570 millones en terapias ABA en tres años
Las cifras explican buena parte de la preocupación de las autoridades. Datos publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) muestran que Florida registró aproximadamente $6.570 millones en pagos de Medicaid y CHIP relacionados con servicios ABA entre 2023 y 2025.
Ningún otro estado se acercó a esa cantidad. Indiana, segundo en la lista, registró unos $1.650 millones durante el mismo período. Carolina del Norte estuvo alrededor de $1.530 millones.
En otras palabras, Florida gastó aproximadamente cuatro veces más que el segundo estado con mayor desembolso en estas terapias. Las cifras aparecen en el State Medicaid & CHIP Applied Behavior Analysis Toolkit, publicado por CMS para ayudar a los estados a fortalecer la supervisión de los servicios ABA.
A nivel nacional, el crecimiento también ha sido explosivo. Los pagos de Medicaid y CHIP por estos servicios aumentaron de alrededor de $1.940 millones en 2021 a $10.100 millones en 2025, según los datos federales.
Ese incremento ha llevado a Washington a pedir mayor vigilancia sobre la necesidad médica de los tratamientos, la documentación presentada por los proveedores y las prácticas de facturación.
CMS aclaró, sin embargo, que sus nuevas recomendaciones no eliminan ni restringen el derecho de los menores a recibir terapias médicamente necesarias. El objetivo declarado es mejorar la supervisión y detectar servicios innecesarios, proveedores no cualificados o posibles irregularidades. El comunicado oficial de CMS insiste en que los estados deben proteger tanto a los pacientes como a los fondos públicos.
Otro dato llama la atención: más de $2.100 millones
Los documentos federales contienen otra cifra que puede aumentar la presión regulatoria sobre Florida. Entre 2021 y 2025, el estado registró más de $2.100 millones en pagos por servicios ABA a beneficiarios cuyos registros analizados por CMS no mostraban un diagnóstico identificado de trastorno del espectro autista.
Florida vuelve a destacar ampliamente frente al resto de Estados Unidos. El dato, sin embargo, debe interpretarse con cautela. No significa que esos $2.100 millones correspondan a fraude ni que los pacientes no tuvieran una necesidad clínica legítima.
La propia información federal reconoce que ABA puede emplearse para determinadas necesidades conductuales o del desarrollo distintas del autismo y que pueden existir diferencias en la manera en que los diagnósticos aparecen registrados.
Lo que sí demuestra la cifra es el enorme volumen de dinero que mueve el sistema de terapias conductuales en Florida y explica por qué las autoridades quieren revisar con mayor detalle quién recibe los servicios, durante cuánto tiempo y bajo qué criterios.
RBT y agencias de Miami ya han sentido las consecuencias
Para los trabajadores del sector, el debate no es teórico. En mayo, Periódico Cubano reportó que cubanos certificados como RBT estaban perdiendo sus empleos tras el cierre o paralización de agencias ABA en Florida.
Algunos trabajadores denunciaron pagos atrasados, reducción de casos y dificultades para ser contratados por otras agencias, mientras familias enfrentaban interrupciones en las terapias de sus hijos. Las consecuencias también generaron preocupación entre cubanos de Florida afectados por el cierre de agencias ABA y la pérdida de puestos de trabajo.
La nueva revisión estatal abre ahora otro período de incertidumbre. Dependiendo de las recomendaciones finales, Florida podría modificar los requisitos para autorizar tratamientos, exigir mayor documentación a los proveedores o establecer nuevos mecanismos para controlar la duración y utilización de los servicios.
Esos cambios podrían afectar directamente la cantidad de horas autorizadas para determinados pacientes y, por extensión, la disponibilidad de casos para RBT y otros trabajadores. Eso no significa que Florida haya anunciado recortes concretos, algo que hasta ahora no ha ocurrido. El Task Force se encuentra todavía en fase de análisis.
Miami-Dade y Broward llevan años bajo mayor vigilancia
El sur de Florida tiene motivos adicionales para prestar atención. Desde hace años, Miami-Dade y Broward han estado entre las zonas sometidas a mayor supervisión debido al rápido crecimiento del negocio de terapias conductuales y del número de proveedores que facturan a Medicaid.
Florida llegó incluso a aplicar restricciones a la incorporación de nuevos proveedores ABA en esos condados en respuesta a preocupaciones por el crecimiento del gasto y posibles irregularidades. Ahora el problema ha adquirido dimensión estatal.
El nuevo Task Force deberá analizar no solo los costos de ABA, sino también la evidencia clínica disponible, la intervención temprana, la transición de los menores entre distintas etapas de tratamiento, los servicios prestados en escuelas y las diferencias entre el modelo de Florida y el de otros estados.
También deberá estudiar el funcionamiento de las organizaciones de Medicaid Managed Care que administran buena parte de esos beneficios.
Florida aumenta controles sobre los proveedores de Medicaid
El escrutinio sobre ABA coincide además con una ofensiva más amplia para reforzar la integridad del programa Medicaid. El gobernador Ron DeSantis anunció en junio una iniciativa que contempla revalidar las credenciales y la identidad de proveedores, incrementar el análisis de reclamaciones e introducir nuevas herramientas destinadas a detectar irregularidades.
El gobierno de Florida explicó oficialmente que la estrategia pretende combatir fraude, despilfarro y abuso dentro del sistema. La preocupación por posibles estafas sanitarias tiene particular resonancia en el sur del estado. Periódico Cubano informó anteriormente sobre acusaciones relacionadas con esquemas multimillonarios de fraude a Medicare y Medicaid en Florida.
Sin embargo, conviene diferenciar ambos asuntos. El elevado gasto de Florida en terapias ABA no constituye por sí mismo evidencia de fraude, ni existe una acusación colectiva contra los RBT o las agencias que prestan legítimamente estos servicios.
Una fecha clave para los RBT: 31 de agosto
La próxima reunión del ABA Task Force tendrá lugar el 31 de agosto. Lo que ocurra allí podría ofrecer las primeras señales claras sobre qué tipo de reformas están considerando las autoridades de Florida. Después, el grupo deberá continuar sus reuniones y entregar un informe con recomendaciones al gobernador y a los líderes de la Legislatura antes del 31 de diciembre de 2026.
Para familias con niños que reciben terapias ABA, propietarios de agencias y miles de RBT del sur de Florida, el proceso será importante por una razón sencilla: cualquier modificación en las horas autorizadas, la duración de las terapias o los requisitos para los proveedores puede terminar afectando tanto el acceso de los menores al tratamiento como los ingresos y empleos de quienes trabajan en el sector.
Con $6.570 millones gastados en apenas tres años, Florida tiene ahora más incentivos que nunca para revisar cómo funciona uno de los segmentos de Medicaid que más rápidamente ha crecido.
