A partir del año académico 2027-2028, estudiantes que no cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos no podrán matricularse en determinadas universidades públicas de Florida, según una medida aprobada por la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario del estado.
Telemundo 51 informó que la decisión fue adoptada esta semana durante una reunión celebrada en Fort Myers y amplía una política que ya había sido aprobada por la Junta Estatal de Educación para limitar el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a determinados centros públicos de enseñanza.
La política establece que los estudiantes que estén “presentes ilegalmente en Estados Unidos” no podrán inscribirse en aquellas universidades públicas que no tengan la obligación de aceptar a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos generales de admisión. Hasta el momento, la Junta de Gobernadores no publicó una lista específica de las instituciones que quedarán incluidas dentro de la nueva norma.
Miles de jóvenes podrían verse afectados
Organizaciones educativas estiman que la nueva política podría tener consecuencias para miles de jóvenes que han estudiado durante años en las escuelas públicas del estado.
Según datos de la President’s Alliance on Higher Education and Immigration, aproximadamente 8.000 estudiantes sin estatus migratorio legal se gradúan cada año de escuelas secundarias de Florida.
El estado también se encuentra entre los territorios con mayor número de estudiantes sin estatus migratorio legal matriculados en sus escuelas públicas de educación primaria y secundaria.
La medida podría afectar especialmente a jóvenes que realizaron toda su formación escolar en Florida y esperaban continuar sus estudios universitarios dentro del estado.
Críticas de grupos educativos y defensores de inmigrantes
Robert Casanello, presidente de United Faculty of Florida, criticó la decisión y señaló que perjudicará principalmente a hijos de trabajadores inmigrantes sin documentos que han crecido y estudiado en comunidades del estado.
Casanello cuestionó el argumento de que estos estudiantes ocuparían espacios destinados a residentes legales de Florida y calificó esa postura como “absurda”, especialmente en un momento en que la matrícula universitaria disminuye en varias partes del país.
El dirigente sindical advirtió que muchos de estos jóvenes terminan integrándose a la fuerza laboral de Florida en áreas como negocios, artes, ingeniería y otros sectores profesionales.
También señaló que la nueva política podría provocar que estudiantes afectados busquen oportunidades educativas en otros estados donde puedan continuar su formación.
DeSantis defendió una medida similar
El gobernador Ron DeSantis había respaldado en julio una política similar al argumentar que los estudiantes que se encuentran ilegalmente en el país no deberían ocupar espacios dentro de instituciones públicas financiadas para residentes del estado.
La nueva regulación forma parte de una serie de medidas impulsadas por autoridades de Florida relacionadas con inmigración y acceso a servicios públicos.
Por su parte, Gustavo Rivera, director de la League of United Latin American Citizens (LULAC) en Florida, aseguró que la decisión tendrá un impacto desproporcionado sobre estudiantes latinos y familias inmigrantes.
Rivera afirmó que limitar el acceso a la educación superior por el estatus migratorio afecta el principio de igualdad de oportunidades y podría reducir la cantidad de profesionales disponibles para el futuro económico del estado.
