Dos fuentes en activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) describieron a CubaNet un presunto esquema que permitiría abastecer a militares y policías con combustible importado desde Estados Unidos para el sector privado.
Según sus testimonios, la intermediación de empresas estatales y gobiernos locales facilitaría que esos suministros terminaran en vehículos de las FAR y del Ministerio del Interior (MININT).
Las fuentes, cuyas identidades son anónimas, señalaron que el mecanismo incluiría el uso de depósitos estatales y contratos con mipymes privadas. Algunas de estas empresas, afirmaron, podrían desconocer quién recibe finalmente el combustible.
Contratos bajo proyectos de desarrollo local
Una de las personas consultadas, vinculada directamente con la contratación de depósitos, explicó que la coordinación comenzaría habitualmente con solicitudes de gobiernos locales a determinadas empresas.
Las gestiones se presentarían como parte de proyectos de desarrollo local (PDL), con el supuesto propósito de respaldar actividades productivas o atender necesidades de la población.
Entre los destinos declarados figurarían cooperativas agropecuarias, comunidades y grupos vulnerables. Sin embargo, según esa fuente, el carburante no se utilizaría para esos fines.
En los registros empresariales, su entrega quedaría consignada como “apoyo a tareas estratégicas” del gobierno, una denominación que, de acuerdo con el testimonio, encubriría el abastecimiento de las instituciones militares y policiales.
Los testimonios mencionan instalaciones de CUPET y de empresas pertenecientes a los ministerios de la Agricultura, Transporte y Turismo entre los espacios utilizados para almacenar combustible.
El esquema descrito iría más allá del alquiler de depósitos: también comprendería gestiones de compra e importación mediante negocios privados que actuarían como intermediarios entre los proveedores y los destinatarios finales.
Un incendio en Granma motivó las consultas
CubaNet recabó las declaraciones tras el incendio ocurrido el 12 de octubre en una instalación de la Unidad Básica Talleres y Desmonte de Manzanillo, perteneciente a Azutecnia, entidad adscrita al Grupo Azucarero Azcuba.
El siniestro, registrado durante una maniobra de apertura de un contenedor de isotanques, dejó cinco lesionados, según el relato publicado por el medio independiente. El artículo relaciona ese episodio con posibles beneficios del sector estatal derivados de las importaciones privadas.
CubaNet también menciona reportes de periodistas independientes y usuarios de redes sociales sobre patrullas y vehículos militares que se abastecerían en servicentros, talleres agrícolas y terminales de ómnibus. Entre los lugares citados aparece la terminal de San Agustín, en La Lisa.
Incautaciones y declaraciones oficiales bajo escrutinio
La denuncia aparece en medio de las informaciones sobre la incautación estadounidense de más de 600.000 galones de combustible presuntamente destinados a ENETEC S.A., empresa estatal sancionada por Washington por sus vínculos con GAESA.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró a Reuters que desconocía contratos firmados para esos envíos. Sin embargo, días antes, el vicecanciller Carlos R. Fernández de Cossío había lanzado fuertes declaraciones que daban a entender el conocimiento del régimen sobre el diésel incautado en Florida y Texas.
“Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaré. Es ilegal, inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos”, dijo el funcionario.
