El régimen cubano revocó abruptamente varias concesiones de exploración minera otorgadas a empresas que tenían participación de inversionistas extranjeros, lo cual evidencia la falta de garantías jurídicas en la Isla bajo gobierno comunista. Las compañías afectadas habían invertido en estudios geológicos y en infraestructura para la exploración de níquel, cobalto, oro, plata y otros minerales estratégicos.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial, afecta a compañías con operaciones en Camagüey, Las Tunas y Holguín, las cuales deberán abandonar sus proyectos sin compensación ni claridad sobre el destino de sus activos.
El gobierno declaró “francos” los terrenos de las concesiones revocadas, permitiendo que otras entidades, posiblemente estatales o con vínculos gubernamentales, puedan acceder a ellos sin necesidad de compensar a los inversionistas anteriores.
Las revocaciones fueron oficializadas mediante acuerdos del Consejo de Ministros, donde cada una fue firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Las empresas en cuestión fueron Commercial Caribbean Nickel S.A., Gold Caribbean Mining S.A., la Empresa Geominera Camagüey y la Empresa Metal-Mecánica Varona. Según el gobierno, las concesiones llegaron a su término, pero las compañías no recibieron oportunidad de renovar sus permisos ni mecanismos de arbitraje.
Commercial Caribbean Nickel S.A. (CCN) es una empresa creada hace más de 25 años en colaboración con inversionistas extranjeros de China, Rusia, Canadá y Australia. En 2013, el gobierno cubano le otorgó la concesión minera “San Felipe III” en Camagüey, la cual fue prorrogada varias veces hasta su vencimiento en noviembre de 2024.
CCN también gestiona el proyecto Cajálbana en Pinar del Río, con una inversión extranjera de 4 millones de dólares en estudios de factibilidad. Gold Caribbean Mining S.A. (GCM) es una empresa estatal cubana especializada en exploración de oro, cobre y metales preciosos.
Fundada en 2020 como filial de GeoMinera S.A., ha trabajado en alianza con inversionistas extranjeros, destacándose su colaboración con Antilles Gold en la mina La Demajagua y el proyecto Los Llanos. En 2021, obtuvo la concesión “Florencia-Maclama-Golden Hills” en Camagüey y Las Tunas para explorar oro y cobre.
Fuentes del sector señalan que esta estrategia responde a la desesperación del régimen por obtener ingresos sin depender de acuerdos previos con inversionistas extranjeros. La decisión es un golpe a la ya debilitada confianza en el mercado cubano, donde no existen mecanismos legales efectivos para proteger a las empresas de decisiones arbitrarias del Estado.
