El gobierno cubano ha decretado nuevas obligaciones energéticas para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas. A partir del Decreto 110/2024, publicado en la Gaceta Oficial, el sector privado está obligado a generar su propia energía o, de lo contario, se le impondrán multas y, como medida extrema, se ordenará la desconexión de la red eléctrica nacional.
La normativa va dirigida a “los actores económicos estatales y no estatales, las modalidades de inversión extranjera, oficinas de representación y sucursales de entidades extranjeras, dependencias u otras representaciones de instituciones extranjeras, así como las formas asociativas”.
Una de las exigencias fundamentales es que los actores considerados altos consumidores, con un promedio mensual de consumo igual o superior a 30 MWh, tendrán tres años para instalar sistemas de energía renovable que les permitan cumplir con el requerimiento de autogenerar el 50% del consumo durante el horario pico diurno.
De no ser posible por limitaciones estructurales, estas empresas deberán contratar generación en parques solares fotovoltaicos administrados por la Unión Eléctrica. Es decir, tienen que financiar las inversiones del Estado.
El decreto establece sanciones severas para quienes incumplan estas normativas. Las empresas podrán enfrentar multas de hasta 15.000 pesos cubanos (CUP) y cortes eléctricos de hasta 72 horas. Estas penalizaciones también se aplicarán a aquellas que no cumplan con sus planes de consumo eléctrico asignados en horarios pico o que no implementen sistemas de autocontrol para el uso eficiente de la energía.
El régimen tarifario también castigará a los altos consumidores con costos energéticos basados en la generación con diésel, mucho más altos que las tarifas convencionales.
Todas las empresas privadas, independientemente de su categoría de consumo, deberán implementar sistemas de gestión energética conforme a la norma internacional NC ISO 50001. Además, deben desarrollar planes quinquenales para fomentar la sostenibilidad energética, actualizados anualmente, y documentar rigurosamente su desempeño técnico y económico en esta área.
El decreto también incluye disposiciones para contingencias eléctricas. En caso de crisis energética, las empresas privadas deberán ajustar sus horarios de operación y reducir su consumo eléctrico desconectando equipos no esenciales. Además, está prohibido el uso de climatización a temperaturas inferiores a 24 °C en locales no tecnológicos.
El Decreto 110/2024 también contempla cómo sería la supervisión del cumplimiento de las nuevas disposiciones. Por ejemplo, el Gobierno establece la creación de “consejos energéticos”, que se constituyen “a nivel nacional, provincial y municipal”, con “representantes de las organizaciones políticas, sociales y de masas de cada nivel” como “integrantes permanentes”.
Si bien estas políticas tienen como finalidad mitigar la crisis energética, imponen una carga adicional al sector privado, que ya enfrenta limitaciones en el acceso a recursos y financiación.
