El régimen castrista tendría entre sus planes imponer nuevas obligaciones a los negocios privados. Un contrato compartido al periodista independiente Mag Jorge Castro muestra un listado de actividades que tendrían que hacer los dueños de mipymes para evitar sanciones en la provincia de Cienfuegos.
Castro informó que sus fuentes en dicho territorio reportan convocatorias a cuentapropistas para suscribir el documento. Aunque las autoridades lo presentan como un acuerdo de responsabilidad social comunitaria, los testimonios recogidos por el periodista aseguran que buscan imponer su firma.
⚠️⚠️Régimen pretende imponer nuevas obligaciones a negocios privados en Cienfuegos
Fuentes me informan desde la provincia que trabajadores por cuenta propia están siendo convocados para firmar un “contrato” que los obliga a asumir al menos tres tareas sociales, desde ayudar a pensionados y familias vulnerables hasta apoyar servicios de Salud, transporte y funerarios.
El documento contempla controles trimestrales y sanciones por incumplimiento, incluida la pérdida de incentivos y notificaciones a órganos de control. Aunque lo llaman “contrato”, fuentes aseguran que pretenden imponer su firma.
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) October 4, 2026
Al menos tres tareas para cada negocio
El texto dispone que cada actor económico seleccione un mínimo de tres actividades, en correspondencia con su objeto social y sus capacidades. Entre las opciones figuran respaldar comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de niños sin cuidado parental, centros de ancianos, hogares maternos y casas de abuelos.
También contempla atender a personas vulnerables mediante precios diferenciados, módulos, empleo o capacitación. Otras tareas incluyen aportar productos básicos a instituciones sociales, contribuir al saneamiento e higiene comunal y apoyar servicios de salud, educación, cultura y deporte. Para emergencias, propone crear fondos con aportes privados y habilitar locales como puntos de acopio.
Una de las actividades consiste en apoyar el pago a pensionados mediante convenios bancarios. El listado también incluye respaldo al transporte público y sanitario, además de ayuda para servicios funerarios de familias sin recursos.
Informes trimestrales y registros de los recursos
Las responsabilidades no terminan con la entrega de ayuda. Los firmantes deberán informar trimestralmente al municipio sobre avances, beneficiarios y recursos empleados. Además, tendrán que incorporar las tareas a su planificación económica, con referencia al destino de las utilidades retenidas, y permitir verificaciones de las autoridades municipales y los órganos de control.
El contrato exige conservar fotos, actas, facturas y listados de beneficiarios como evidencia de las acciones realizadas. El municipio designará un responsable de seguimiento para cada actor económico. Habrá evaluaciones trimestrales individuales y revisiones semestrales del Consejo de la Administración Municipal sobre la aplicación de la llamada Transformación 64.
Consecuencias por incumplimiento y vigencia hasta diciembre
El incumplimiento injustificado podrá generar amonestaciones escritas, evaluaciones negativas en el registro municipal de responsabilidad social y exclusión de incentivos y reconocimientos. También dará lugar a información a los órganos de control correspondientes. Las cláusulas facilitadas no establecen multas concretas ni mencionan expresamente la retirada de licencias.
Por su parte, el municipio deberá identificar a los beneficiarios, coordinar con instituciones y trabajadores sociales, reconocer públicamente el cumplimiento y gestionar los incentivos aprobados. Como fundamento, el formulario cita la Transformación 64 de las Transformaciones Económicas y Sociales de 2026, el Acuerdo 9152 del Consejo de Ministros y otras disposiciones laborales y económicas.
La vigencia comenzaría con la firma y concluiría el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación anual por acuerdo mutuo. La denuncia de Castro sitúa el punto central en la supuesta imposición: convertir la colaboración social de los negocios en compromisos fiscalizados.
