
La Casa Blanca continuará luchando contra la orden judicial que ordena el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno de Estados Unidos impugnará la decisión en los tribunales, mientras cumple con suspender la recepción de nuevos detenidos y retirar la infraestructura añadida.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cumplirá, aunque no estamos de acuerdo con esta decisión, y seguiremos luchando en los tribunales”, declaró Leavitt durante una rueda de prensa realizada este jueves.
La disputa legal se originó tras una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la construcción del centro en los humedales de los Everglades violaba las leyes ambientales federales y amenazaba los hábitats sensibles de flora y fauna protegida.
En su fallo del 16 de agosto, la jueza Kathleen Williams ordenó que el centro de detención dejara de recibir nuevos detenidos y retirara la infraestructura añadida, además de transferir a los detenidos actuales en un plazo de 60 días.
Williams, al emitir una primera suspensión, prohibió actividades como el relleno de terreno, la pavimentación, la instalación de nueva infraestructura y la colocación de luminarias adicionales en el sitio.
La decisión judicial se ha complicado aún más debido a la intervención del gobierno estatal de Florida, que también ha expresado su intención de impugnar la orden. “Tenemos toda la razón en esto”, dijo el gobernador Ron DeSantis al señalar que su administración no se dejará disuadir por el fallo de la magistrada.
El director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, indicó en un correo electrónico que el centro de detención podría quedar vacío en cuestión de días, pues el número de detenidos en la instalación se había reducido de alrededor de 1.000 a solo entre 300 y 350 personas.
Este mensaje fue enviado al rabino Mario Rojzman, el pasado 22 de agosto, como respuesta a una consulta sobre el servicio de capellanía en la instalación. Este religioso y un asistente ejecutivo confirmaron la veracidad de los correos electrónicos a la AP, aunque un portavoz de Guthrie no respondió a la solicitud de comentarios.
El centro de detención, inaugurado por el presidente Donald Trump el pasado mes de julio, se había considerado esencial debido a la sobrepoblación en otras instalaciones de detención en el estado, las cuales no contaban con suficiente espacio.
Mientras se desarrolla esta batalla legal, el gobierno de DeSantis mantiene en planes la apertura de una nueva instalación de detención en el norte de Florida, conocida como el “Depósito de Deportación”, en la Institución Correccional de Baker, la cual tendrá una capacidad inicial para 1.300 personas, con la posibilidad de ampliarse a 2.000.
El republicano expresó que la nueva instalación sería necesaria para cumplir con los objetivos migratorios del gobierno federal, ante la creciente demanda de espacio para migrantes detenidos.


no ay que cerrar ay que tener mas o limpiamos este pais o que es lo que quieren destruir este pais con delincuentes en las calles e ileales que no se saben quienes son pa fuera todos VIVA TRUMP