La jueza federal Kathleen Williams emitió una orden preliminar que detiene la expansión de las instalaciones del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida.
La decisión formaliza una suspensión emitida por la magistrada hace unos días a causa de una demanda presentada por grupos ambientalistas y miembros de la tribu Miccosukee, quienes argumentan que la construcción amenaza el ecosistema de los pantanos.
La jueza expresó que esperaba que la población de detenidos se redujera en un plazo de 60 días, mediante el traslado a otras instalaciones. Además, subrayó que, una vez evacuados, las cercas, la iluminación y los generadores deberían ser retirados para reducir el impacto ambiental.
Williams, al emitir una primera suspensión, prohibió actividades como el relleno de terreno, la pavimentación, la instalación de nueva infraestructura y la colocación de luminarias adicionales en el sitio.
Esta semana, el congresista demócrata de Orlando, Maxwell Frost, visitó dicho centro y aseguró que por el momento se encuentra bajo custodia 336 personas, una cifra significativamente baja en comparación con los alrededor de 1.000 detenidos que había cuando visitó por primera vez Alligator Alcatraz.
El centro fue inaugurado hace casi dos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un pequeño aeropuerto de entrenamiento de una sola pista, en una zona remota. Sus instalaciones iniciales tienen una capacidad para hasta 3.000 personas.
Los defensores del medio ambiente y los miembros de dicha tribu afirman que el proyecto está destruyendo hábitats críticos para especies en peligro de extinción, como las panteras de Florida, y podría revertir años de esfuerzos de restauración ambiental.
Durante la audiencia, los testigos declararon que el proyecto ha agregado más de 20 acres de asfalto, lo que podría aumentar la escorrentía de agua y la propagación de sustancias químicas hacia los humedales cercanos.
Por su parte, los abogados de los gobiernos estatal y federal argumentaron que, aunque el centro alberga detenidos federales, la construcción y operación están bajo la responsabilidad exclusiva del estado de Florida.
Sin embargo, la jueza Williams consideró que el centro de detención es una asociación conjunta entre los gobiernos estatal y federal, lo que implica que las leyes ambientales federales sí son relevantes.
En el marco de este lío legal, la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, parece estar avanzando con la construcción de un segundo centro de detención en el norte del estado, aunque no se ha informado de manera oficial si a este lugar serán trasladados los detenidos en Alligator Alcatraz.
El referido centro también ha estado envuelto en denuncias de maltratos y hacinamientos desde los primeros días de su operación. Sin embargo, declaraciones recientes de migrantes cubanos indican un cambio en la situación de los detenidos, la mayoría de ellos a la espera de la deportación a sus respectivos países.
“El trato de los guardias es correcto. Hay aire acondicionado, no hay mosquitos, las celdas son amplias, con capacidad de 20 a 40 personas, y recibimos tres comidas al día. Te lo juro, prefiero morir aquí antes que regresar a Cuba”, aseguró Alieski Valdés Espineira en una entrevista con el periodista Juan Manuel Cao.
