Durante los meses de julio a septiembre, el gobierno cubano recaudó 428 millones de pesos tras la imposición de aproximadamente 171.000 multas, la mayoría de ellas contra el sector privado, que según la versión oficial, viola los topes de precios impuestos desde el Ministerio de Finanzas y Precios.
El titular de esa dependencia, Vladímir Regueiro Ale, dijo en la más reciente reunión del consejo de ministro que en el último trimestre se realizaron 3.7 veces más inspecciones y se detectaron 3.8 veces más violaciones en comparación con el primer semestre del año. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno para combatir lo que llaman “precios abusivos y especulativos”.
Sin embargo, la campaña no interviene en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que es del propio gobierno y vende productos de primera necesidad a elevados precios en divisa, una moneda en la cual el cubano no cobra.
Aparte de las sanciones monetarias, las autoridades llevaron a cabo acciones complementarias como la venta forzosa de bienes, cierre de establecimientos y decomisos de mercancías, en un esfuerzo por regular la economía y combatir las ilegalidades.
El ministro Regueiro Ale destacó que, para reforzar el control de precios, es necesario continuar capacitando a los inspectores, mejorar el funcionamiento de los comités de contratación y completar las plantillas de trabajo, cuyo déficit ha estado marcado por la migración masiva de cubanos.
Durante la reciente reunión del Grupo de Trabajo para la prevención de delitos, Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), hizo hincapié en la importancia de también velar porque se paguen los impuestos. La ONAT detectó que miles de contribuyentes subdeclaran en los ingresos reales obtenidos y con ello evaden al fisco.
En ese sentido, se implementa un monitoreo fiscal a las mercancías importadas, lo cual ha permitido detectar inconsistencias en la operatoria de los importadores y su capacidad contributiva, así como en el pago de impuestos y los depósitos bancarios.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló que el trabajo del gobierno no será completamente aceptado por la población hasta que los precios en los mercados disminuyan.
Además de las multas, el gobierno prohíbe al sector privado participar en 125 negocios
Recientemente, el gobierno cubano emitió un listado de 125 actividades que estarán prohibidas para el sector privado, limitando aún más las posibilidades de operación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en la Isla. Esta lista incluye sectores fundamentales como la educación, salud, energía, minería y medios de comunicación, lo que restringe el alcance del emprendimiento privado en áreas clave para el desarrollo económico.
La medida busca reforzar el control estatal sobre sectores estratégicos y garantizar que actividades consideradas vitales para el país permanezcan bajo la administración pública. Sin embargo, para muchos emprendedores, estas restricciones representan un duro golpe, ya que disminuyen significativamente las oportunidades para expandir sus negocios y participar en la economía nacional de manera más integral.
Esta lista se suma a las ya existentes limitaciones con las que las Mipymes han tenido que lidiar desde su legalización, dificultando el crecimiento del sector privado en un contexto económico ya precario. Además, la medida llega en un momento en que la crisis económica, agravada por las sanciones y la pandemia, ha hecho que muchos cubanos busquen alternativas en el emprendimiento privado como forma de subsistencia.
