El gobierno local de Camagüey fijó el precio del arroz en 155 CUP por libra, lo que ha generado una crisis de desabastecimiento en los mercados de oferta y demanda por temor de los comerciantes a sufrir multas y decomisos.
La medida, impuesta por el Consejo de la Administración, ha provocado el cierre de varios puntos de venta y la resistencia de comerciantes del sector cooperativo, quienes rechazan la regulación de precios. Mientras tanto, la población enfrenta dificultades para adquirir este producto básico en un contexto de escasez e inflación.
Según comerciantes y consumidores, algunos vendedores han optado por almacenar el producto en lugar de venderlo al precio fijado por el gobierno, pues le da pérdidas. Mientras tanto, en el mercado informal, el arroz se comercializa a más de 250 CUP por libra, evidenciando la falta de control sobre la distribución y el impacto de la especulación.
Autoridades locales han advertido sobre el reforzamiento de medidas de inspección para garantizar el cumplimiento del decreto Ley 35 de 2024, que regula la concertación de precios. Sin embargo, la regulación ha causado más problemas que soluciones, pues los vendedores se niegan a ofrecer el arroz a precios que consideran insuficientes para cubrir costos y generar ganancias.
El objetivo, según las autoridades, es asegurar que el arroz llegue de manera equitativa a la población y evitar abusos en los precios. No obstante, la falta de producto en los establecimientos regulados ha llevado a la mayoría de los consumidores a recurrir al mercado negro, donde el arroz se vende a precios inalcanzables para muchos cubanos.
El control de precios es una de las medidas más recurrentes del gobierno cubano cada vez que se enfrenta a un problema de desabastecimiento. Sin embargo, lejos de solucionar la crisis, estas regulaciones solo agravan la escasez y fomentan la especulación en el mercado negro.
Además, estas políticas no abordan la raíz del problema: la baja producción nacional y la dependencia extrema de importaciones. En lugar de incentivar a los agricultores y empresarios a producir más, el gobierno impone regulaciones que desmotivan la inversión y reducen la oferta de productos esenciales. Mientras tanto, el Estado sigue sin garantizar una distribución eficiente, utilizando excusas como la “situación energética compleja” para justificar los retrasos y la falta de alimentos.
Otro efecto colateral de los precios controlados es la proliferación de la corrupción. Inspectores y funcionarios que deberían hacer cumplir las normativas terminan beneficiándose del caos generado, ya sea permitiendo ventas ilegales a cambio de sobornos o revendiendo los productos en el mercado negro. Así, el mismo sistema que se supone protege al consumidor termina afectándolo aún más.
La crisis de abastecimiento de arroz se suma a los retrasos en la entrega de la canasta familiar normada. En Sancti Spíritus, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció la distribución en febrero de solo dos libras de arroz por consumidor, correspondientes a las cinco que debían entregarse desde diciembre. Además, la entrega de azúcar y chícharos también ha sido afectada por problemas logísticos.
El coordinador de Programas y Objetivos del gobierno en la provincia, Ricardo García, confirmó que las cantidades entregadas dependen de la disponibilidad del producto, lo que deja en la incertidumbre a miles de familias que dependen de la libreta de abastecimiento.
A pesar de que en 2024 Cuba destinó más de 300 millones de dólares a la importación de 407.000 toneladas de arroz, la cantidad sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. La crisis económica y la falta de producción nacional han generado una dependencia de importaciones que el régimen no puede sostener.
La inflación en la Isla ha encarecido los productos básicos, haciendo que el salario promedio de 5.000 CUP sea insuficiente para cubrir las necesidades esenciales. Aunque el gobierno ha establecido precios topados, la escasez y los elevados costos de importación hacen que estas medidas sean ineficaces.
