El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió hasta el 14 de septiembre de 2027 determinadas facultades del Gobierno federal relacionadas con Cuba bajo la Trading With the Enemy Act (TWEA), o Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los pilares jurídicos históricos utilizados para mantener las sanciones económicas contra la Isla.
La decisión aparece en el Registro Federal de este martes 25 de agosto de 2026 como la Determinación Presidencial 2026-21. Trump firmó el documento el pasado 20 de agosto y ordenó al secretario del Tesoro que procediera con su publicación.
La determinación establece que las facultades existentes estaban programadas para expirar el próximo 14 de septiembre y concluye que mantenerlas durante otro año resulta de “interés nacional de Estados Unidos”.
De esa manera, Trump continúa hasta septiembre de 2027 esas autoridades “con respecto a Cuba, según se implementan mediante las Cuban Assets Control Regulations (CACR), 31 CFR Parte 515”, señala el texto oficial.
La renovación da continuidad a la decisión adoptada en 2025, cuando Trump también extendió las mismas facultades hasta septiembre de 2026. Periódico Cubano explicó entonces el alcance de aquella renovación anual de las autoridades bajo la TWEA y las excepciones que permiten determinadas operaciones con la Isla.
¿Significa que Trump acaba de imponer nuevas sanciones a Cuba?
No. La publicación de este martes no establece por sí misma nuevas sanciones, prohibiciones para viajar, restricciones adicionales a las remesas ni nuevas empresas cubanas en la lista negra de EEUU. Lo que hace es impedir que expire una autoridad legal que Washington utiliza desde hace décadas para mantener las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las CACR fueron promulgadas en 1963 y regulan una amplia gama de operaciones financieras y comerciales relacionadas con Cuba para ciudadanos, residentes, bancos, empresas y otras personas sujetas a la jurisdicción estadounidense. OFAC confirma que esas regulaciones fueron emitidas originalmente bajo la TWEA y continúan formando parte fundamental del programa de sanciones a Cuba.
Por ello, la importancia de la decisión es jurídica y de continuidad: si el presidente no renovara estas facultades, esa parte específica de la estructura legal de las sanciones dejaría de contar con la autorización anual prevista en la legislación estadounidense.
Eso tampoco significa que todo el embargo desaparecería automáticamente en ese supuesto. OFAC recuerda que el régimen estadounidense de sanciones contra Cuba descansa sobre varias leyes y autoridades simultáneas, entre ellas la Ley Helms-Burton, la Cuban Democracy Act, la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act y la propia TWEA.
Una renovación que llega durante una fuerte ofensiva de sanciones
Aunque la determinación de este 25 de agosto es una renovación de un mecanismo antiguo, llega en un momento muy diferente al de años anteriores. La administración Trump ha desplegado durante 2026 un nuevo programa de sanciones específicamente dirigido contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos de la economía cubana.
El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que abrió una vía adicional para sancionar personas y entidades relacionadas con sectores como energía, minería, defensa, servicios financieros y seguridad.
OFAC ha aclarado que esta nueva autoridad funciona de manera separada y paralela a las CACR. Es decir, las sanciones creadas en 2026 mediante la Orden 14404 no sustituyen el viejo régimen basado en la TWEA: ambos mecanismos operan simultáneamente.
Periódico Cubano informó en mayo que, como consecuencia de esa nueva política, Washington llegó a establecer un periodo para que determinadas empresas extranjeras cerraran operaciones relacionadas con entidades cubanas bajo riesgo de sanciones, mientras OFAC especificaba que las CACR continuaban vigentes de manera independiente. Desde entonces, Washington ha utilizado reiteradamente la nueva orden ejecutiva.
En julio, EEUU incorporó al Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales, entre otras entidades, a sus medidas restrictivas. A comienzos de agosto también quedaron formalizadas en el Registro Federal las sanciones contra Miguel Díaz-Canel, miembros de su familia y personas relacionadas con el entorno de Raúl Castro, además de organismos y empresas estatales.
La distinción entre ambos mecanismos resulta importante: esas nuevas designaciones corresponden principalmente a la ofensiva desarrollada por Trump en 2026, mientras que la decisión publicada este martes conserva una estructura de sanciones que existe desde hace más de seis décadas.
¿Por qué el TWEA tiene que renovarse todos los años?
La explicación se remonta a una reforma aprobada por el Congreso en 1977. Estados Unidos modificó entonces el uso de las facultades de emergencia económica contempladas en la Trading With the Enemy Act y creó un nuevo marco, la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Sin embargo, el Congreso permitió que determinadas autoridades de la TWEA que ya estaban siendo ejercidas antes de esa reforma continuaran vigentes siempre que el presidente determinara, cada año, que mantenerlas era de interés nacional.
Cuba quedó bajo ese mecanismo. Por eso presidentes republicanos y demócratas han realizado sucesivas renovaciones. La determinación de Trump de agosto de 2025, por ejemplo, decía prácticamente lo mismo: prorrogaba por un año las autoridades con respecto a Cuba y las vinculaba expresamente a las CACR.
Ahora, la Determinación Presidencial 2026-21 vuelve a hacerlo y desplaza la fecha de vencimiento del 14 de septiembre de 2026 al 14 de septiembre de 2027.
En términos prácticos, por tanto, los cubanos y cubanoamericanos no deberían esperar un cambio automático este 25 de agosto en las reglas sobre viajes, remesas o transacciones financieras únicamente por esta publicación.
Lo que sí confirma el documento es que la Casa Blanca ha decidido conservar durante otro año una de las herramientas legales más antiguas de la política estadounidense hacia Cuba, precisamente en momentos en que la administración Trump está ampliando, mediante mecanismos adicionales, la presión económica y financiera sobre el gobierno de La Habana.
