Agentes del Departamento de Policía de Hialeah utilizaron una pistola Taser para arrestar a un hombre el pasado martes. Este sujeto fue identificado como Joaquín Eduardo Lassus, de 45 años, y ahora enfrenta cargos por violencia doméstica.
El caso se viralizó en redes sociales, debido a que el momento de la detención fue grabado por un celular y luego difundido en la cuenta de Instagram Only in Dade con 1.9 millones de seguidores.
El video muestra a dos oficiales apuntando con sus pistolas Taser a Lassus, quien, en lugar de entregarse a las autoridades, decidió emprender la huida cruzando una calle, pero fue perseguido por los agentes hasta que uno de ellos disparó su dispositivo.
Al recibir el impacto, el sujeto cayó boca abajo mientras su cuerpo sentía el electrochoque. Finalmente, los policías lograron ponerlo bajo custodia como respuesta a las denuncias emitidas contra él.
Ese tipo de pistola incapacita temporalmente a una persona mediante la emisión de descargas eléctricas. Funciona al disparar dos pequeños cables conectados a electrodos, que se clavan en la piel o ropa de la persona.
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Estos electrodos transmiten una corriente de alta voltaje, pero baja en amperaje, que interrumpe las señales nerviosas en el cuerpo, causando una pérdida temporal de control muscular y desorientación.
Esto permite a los oficiales de policía controlar a un individuo sin necesidad de utilizar fuerza letal, ya que el efecto es generalmente reversible y dura unos pocos minutos.
En cuanto a las acusaciones de violencia doméstica que enfrenta Lassus, las sanciones en Florida varían dependiendo de la gravedad del delito. Si el acto de agresión es considerado un delito menor de primer grado, la pena podría ser hasta un año de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares.
Sin embargo, si existen circunstancias agravantes o reincidencia, el acusado podría enfrentar cargos más graves, como un delito grave de tercer grado, que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 5.000 USD.
Además de las penas de cárcel y multas, los agresores podrían enfrentar sanciones adicionales como libertad condicional, programas de manejo de la ira y, en algunos casos, la pérdida de derechos como la posesión de armas de fuego.
Las víctimas de violencia doméstica también pueden solicitar órdenes de restricción que impidan al agresor acercarse a ellas, a sus hogares, lugares de trabajo o escuelas, según lo establecido por las leyes del estado.
