
Un graffiti apareció en la pared de la iglesia de Bejucal, Mayabeque, luego de que la Iglesia Católica empezara a repartir la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Estados Unidos a las personas vulnerables.
La pinta, que exhibe una falta de ortografía acusa al cura de la iglesia de repartir injustamente la ayuda, con un texto que señala: “Cura fasista, reparte bien la donación”.
Ante esta situación, el sacerdote Jorge Luis Pérez Soto, de la Arquidiócesis de La Habana, defendió públicamente la distribución de la ayuda humanitaria que la Iglesia Católica y Cáritas Cuba entregan a familias vulnerables.
En una extensa publicación en Facebook, el religioso explicó que la asistencia se entrega únicamente con base en el nivel de necesidad de cada familia y aseguró que no se consideran criterios religiosos, políticos ni ideológicos para seleccionar a los beneficiarios.
También reconoció que los recursos son insuficientes para cubrir la demanda existente, por lo que la distribución debe realizarse de forma gradual.
El sacerdote afirmó que, aunque los 60 millones de dólares administrados por la Iglesia representan una cifra elevada, resultan limitados frente a la magnitud de las necesidades que enfrenta la población cubana.
Añadió que el compromiso de Cáritas es garantizar que la ayuda llegue gratuitamente a quienes más la necesitan y con total transparencia.
Pérez Soto también denunció intentos de desacreditar el programa humanitario. Según señaló, esas críticas no solo se han difundido en redes sociales, sino también desde instituciones estatales.
Asimismo, cuestionó que algunos sectores pretendan utilizar la distribución de los alimentos con fines políticos o exigir listas de beneficiarios para excluir a determinadas personas.
El programa forma parte de un paquete de ayuda de 100 millones de dólares anunciado por el Gobierno de Estados Unidos en mayo de 2026.
Del total, 60 millones son administrados por la Iglesia Católica, mediante Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, mientras que los 40 millones restantes se destinan a organizaciones no gubernamentales independientes.
Una de las condiciones establecidas por Washington es que los recursos no sean distribuidos por el Estado cubano.
La entrega comenzó el 22 de julio en los municipios de Bejucal y Alquízar, después de la llegada desde Miami de un primer cargamento de 18 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad.
Los módulos incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, pasta, sardinas, atún, productos de higiene, recipientes para almacenar agua y lámparas recargables, estas últimas especialmente útiles debido a los prolongados apagones que afectan a la Isla.
Los beneficiarios son seleccionados entre adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y familias con niños pequeños.
Cáritas Cuba ha advertido que la ayuda no alcanzará para toda la población necesitada, aunque el programa proyecta beneficiar entre 100.000 y 200.000 hogares en distintas etapas.
La distribución de la asistencia ha generado una nueva diferencia entre Washington y La Habana. Mientras EEUU decidió canalizar los fondos mediante organizaciones religiosas y civiles independientes, el Gobierno cubano ha cuestionado ese mecanismo y ha criticado que la ayuda no sea administrada por las instituciones estatales.
En ese contexto ocurrió la aparición del grafiti contra la Iglesia en Bejucal, aunque hasta el momento no existe información oficial que identifique a sus responsables.
El episodio se produce además en un escenario de denuncias internacionales sobre restricciones a la libertad religiosa en Cuba.
Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional han documentado en los últimos años casos de hostigamiento a líderes religiosos, limitaciones a actividades de las iglesias y obstáculos para iniciativas de asistencia humanitaria desarrolladas por instituciones religiosas.